El presidente de Canarias, Paulino Rivero, defendió ayer los ajustes presupuestarios que está llevando a cabo su Gobierno como consecuencia de los recortes producidos en la cuentas públicas estatales y aseguró que las medidas aprobadas en Madrid en relación con la sanidad y la educación se "amortiguarán" en las Islas para que sus consecuencias no afecten a la cohesión social. De lo contrario, sostuvo, "sería volver 30 años atrás" en cuanto al acceso de los ciudadanos a servicios básicos. Rivero recordó que los recortes en los presupuestos regionales no están afectando, por el momento, al empleo del sector público en la Comunidad Autónoma y negó que tal previsión esté en el horizonte de su gabinete.
En este sentido, durante un encuentro con periodistas en Madrid el mandatario regional aseguró que hay plena sintonía entre los socios del pacto de Gobierno, CC y PSC, respecto a las medidas de recorte del gasto público para lograr el objetivo de déficit impuesto por el Estado.
Rivero reconoció que "sólo en las empresas públicas se producirán despidos" como consecuencia de la menor actividad económica y siempre en el marco del plan de viabilidad aprobado por el Ejecutivo con el objetivo de reducir 20 millones el gasto de personal y 40 millones el endeudamiento de estas entidades. Por ello, no ve justificación para las protestas en los sectores sanitario y educativo porque considera "justo y razonable" que desde el sector público se predique con el ejemplo en un reparto equitativo de los recortes, y también porque el Gobierno está comprometido a "amortiguar" en Canarias los efectos del recorte de 10.000 millones realizado desde Madrid a estos dos servicios básicos. "Cada uno debe apechar con su cruz", resumió el presidente para argumentar las decisiones del Ejecutivo.
Rivero dijo que para analizar los recortes de 240 millones en la sanidad y la educación canarias "hay que ver lo que está ocurriendo en el resto de España". Recordó así que mientras en muchas Comunidades Autónomas (citó a Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Madrid) se están cerrando plantas hospitalarias, privatizando algunos de los servicios, o sencillamente "tomando medidas espectaculares y desmantelando el servicio público de salud", en Canarias se están garantizando las prestaciones de los servicios esenciales, manteniendo el empleo y tratando de frenar los impactos negativos de los recortes estatales.
"Las decisiones hay que enmarcarlas en los tiempos en que vivimos y en estos tiempos todos tenemos que hacer un esfuerzo. Poca autoridad moral tendríamos para pedir un esfuerzo al conjunto de la sociedad canaria para intentar amortiguar el impacto de las decisiones del Gobierno de España y de la pésima financiación que tenemos si no hacemos el esfuerzo también en lo público", subrayó.
Según él, los recortes acordados en Madrid "asfixian a los ciudadanos", al tiempo que considera que son medidas "que no están suficientemente afinadas ni responden a una justicia social". Por ejemplo, consideró "un paso atrás con respecto a la integración" el que los inmigrantes irregulares pierdan su derecho a disponer de la cartilla sanitaria y dijo que "es una responsabilidad del PP que debe asumir", mientras que el copago farmacéutico supone un "subterfugio" para reducir las pensiones.
En relación con las medidas en materia educativa y la subida de las tasas universitarias, consideró que rompen el principio de igualdad de oportunidades en la formación.
