El Ministerio de Hacienda recibió ayer el nuevo plan económico y financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2012-2014, después de que el departamento que dirige Cristóbal Montoro le obligara a revisar el documento enviado en marzo porque no se ajustaba a los ingresos procedentes del Estado e incumplían el déficit público del 1,5% al que están obligadas todas las autonomías. La amenaza de una intervención pende sobre las cuentas autonómicas.

Los plazos impuestos por Hacienda tras la aprobación de los presupuestos del Estado obligaron al Gobierno canario a realizar en abril un ajuste de 800 millones de euros en las cuentas autonómicas de este año, a través de una reducción de gastos de 550 millones de euros y un incremento de ingresos de 250 millones por la subida de impuestos.

Hacienda estudiará ahora el nuevo plan, que será debatido la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de ser aprobado definitivamente. Sobre la Comunidad Autónoma pende el riesgo de una intervención de sus cuentas si el plan no se cumple a rajatabla, tal y como contempla la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se publicó ayer en el BOE. En la norma se contempla la posibilidad de intervenir las cuentas de una comunidad autónoma si incumple el objetivo del déficit público y, en el caso de los ayuntamientos, se puede llegar incluso a ordenar la disolución de una corporación local. El temor a la intervención tras los fuertes recortes estatales obligó al Gobierno canario a realizar una subida generalizada de impuestos y a imponer una reducción de los salarios de los funcionarios para cuadrar las cuentas y ajustarse al 1,5% de déficit.

Canarias acabó 2011 con un desvío de casi medio punto con respecto al objetivo de déficit inicial, pasando del 1,3% previsto al 1,78%. Para este año el objetivo era también del 1,3% pero el acuerdo final pactado entre el Estado y las comunidades autónomas fijó el déficit en el 1,5%.

En el primer plan económico y financiero, la Comunidad Autónoma preveía para este año una leve reducción de los gastos de personal y una contención de las transferencias y de los gastos corrientes. Sin embargo, en la revisión del plan el gasto de personal se reduce en 200 millones, en 80 los gastos corrientes y en 40 millones las transferencias. En los ingresos corrientes, la Administración autonómica prevé un aumento de la recaudación en unos 250 millones de euros por el incremento del IGIC, los combustibles o el IRPF.