El 77% de los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma afectados por la reducción del 20% de jornada y sueldo en 2013 han aceptado recuperar el importe descontado. Eso sí, a cambio tendrán que realizar las horas no trabajadas en su día y con la renuncia expresa a la reclamación judicial o administrativa.

En concreto, 2.597 empleados no fijos accedieron a la oferta del Gobierno regional y firmaron el acuerdo para dejar sin efecto la disminución de jornada laboral y salario, aplicada entre enero y abril de 2013. Éste es un balance provisional, a la espera de contabilizar algunas adhesiones entregadas en plazo y que aún son objeto de comprobación en los centros directivos.

La medida perjudicó a un total de 3.374 laborales y funcionarios interinos de la administración autonómica. Del global, 128 son interinos y 1.886 son laborales que ejercen su tarea en centros educativos, como vigilantes de comedor, bedeles y administrativos. El recorte supuso un ahorro de unos cinco millones de euros para el Ejecutivo, que justificó su decisión para evitar que las restricciones presupuestarias previstas para este año se tradujeran en despidos.

Ayer se cerró el plazo para que los empleados se adhirieran a la propuesta del Gobierno de forma individual y voluntaria. Quienes lo aceptaron recobrarán este mes sus retribuciones, al comprobar que los créditos presupuestarios generaron una cuantía suficiente para cubrir el coste de estas nóminas.

Se da la circunstancia de que entre los que no se han adherido y, por tanto, no cobrarán lo adeudado, figuran unas 200 personas que ya no están en la administración porque eran temporales y se les venció el contrato. Otros renuncian al importe en favor de la conciliación familiar. Tampoco percibirán su parte del salario perdido quienes sigan adelante con las demandas en los juzgados.

Unos 800 empleados denunciaron la merma en sus nóminas, lo que llevó al Gobierno autonómico a interponer una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para unificar todas las causas judiciales.

El TSJC planteará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, apuntaron fuentes sindicales. De este modo, el TC deberá decidir si el ajuste salarial y de horario a parte del personal vulneró la Carta Magna y, en caso de que no, el TSJC tendrá que fallar sobre la demanda presentada por los trabajadores.

Cabe recordar que el 7 de octubre el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó una sentencia favorable a una interina que obligaba al Gobierno a pagarle el salario que dejó de recibir en el primer cuatrimestre de 2014. El Ejecutivo recurrió y la resolución está suspendida.

Mientras, el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, agradece el "talante" de la mayoría de trabajadores por admitir la propuesta. En cambio, las organizaciones sindicales acusan al Ejecutivo de "aprovecharse de la debilidad" de los empleados en este escenario de crisis, al tiempo que exigen que se reembolse el dinero, pero no se obligue a compensar las horas.

El ajuste perjudicó sobre todo al colectivo más vulnerable, afirmó Francisco Bautista, de UGT, que criticó que los sueldos de 900 euros pasaron a 700. Según sus cálculos, cada empleado sufrió una bajada en sus nóminas de 200 a 400 euros mensuales aproximadamente.

Pedro Costeras, de CCOO, señaló que el Gobierno devuelve el dinero "para curarse en salud porque sabe que va a perder las demandas". Manuel González, de Sepca, indicó que de los 800 que denunciaron en los tribunales el 5% ha retirado la demanda. A su juicio, el Ejecutivo aceptó reingresar lo restado para "quitarse conflictividad judicial".