Canarias acudirá a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como una de las comunidades que mejor ha hecho los deberes en materia de control del gasto público y control financiero de sus cuentas, y exigirá por ello la ineludible necesidad de reformar cuanto antes el sistema de financiación autonómica para poder costear adecuadamente los servicios públicos de su competencia, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales. Ese será con toda probabilidad el planteamiento que sostendrá la nacionalista Rosa Dávila si finalmente el gobierno de CC y PSOE, encabezado por Fernando Clavijo, confirma que será ella quien finalmente se haga cargo de la consejería de Hacienda en sustitución de Javier González Ortiz, y que acudirá a la primera convocatoria de este órgano desde las elecciones del 24-M.
Esa reunión estaba prevista para esta tarde, pero el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, decidió ayer aplazarla atendiendo a la petición de varias autonomías para dar tiempo a que se formen los nuevos gobiernos regionales y que éstos nombren a los nuevos consejeros competentes en la materia, dado que la mayoría de ellos están ahora mismo en funciones.
Y es que además del consejero canario se encuentran aún en funciones los consejeros de Navarra, Murcia, Aragón y Baleares, mientras que acaban de tomar posesión los de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los de Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha estaban ayer mismo celebrando sus correspondientes plenos de investidura de los nuevos presidentes.
A las peticiones para retrasar la reunión del CPFF se unió en la mañana de ayer el secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE, Patxi López, quien reclamó por "decencia democrática" y "respeto institucional" el retraso del Consejo.
Presupuestos
La reunión de hoy tenía como principal objetivo informar a los gobiernos regionales del techo de gasto del Estado para 2016 antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Es un paso obligado antes de la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, cuya remisión al Congreso el Gobierno central estudia adelantar a julio para aprobarlos antes de la convocatoria de elecciones generales.
Según el Ministerio, la aprobación del techo de gasto para el 2016, que superará los 130.000 millones frente a los 126.000 de los presupuestos de 2015, prevista para el mañana día 3 también se retrasará, con lo que se alcanzaría la fecha límite si el Gobierno decide mandarlos a las Cortes y completar el trámite parlamentario para su aprobación antes de la convocatoria electoral.
El aplazamiento de la reunión del CPFF acarrea también el retraso de la comunicación por parte del Ministerio a las comunidades autónomas de los objetivos de déficit y de deuda regionales para el periodo 2016-2018, una de las cuestiones que más enfrentamiento ha producido entre el Estado y la mayoría de las autonomías en la presente legislatura. Aunque el objetivo de déficit para el 2016, del 0,3% del PIB regional, y para el 2017, para el que se obliga ya al equilibrio presupuestario (déficit cero), está definido de antemano, la mayoría de las comunidades, entre ellas seguramente Canarias, reclamarán un mayor margen de gasto y poder así destinar más recursos a unos servicios públicos muy castigados en los últimos años a causa de los recortes. También se reclamará una mayor relajación en el control de la deuda.
En este sentido, Canarias está en condiciones de presentar a Montoro y al conjunto del CPFF los mejores datos en porcentaje de déficit y endeudamiento públicos correspondientes a 2014. Las Islas cerraron el año con un 0,92 % del PIB de déficit, siendo una de las únicas cuatro regiones - Navarra, Canarias, País Vasco y Galicia- que cumplieron el objetivo del 1 % establecido por el Estado -Murcia, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana superaron el 2 % -. Además, el endeudamiento de las Islas fue al cierre de diciembre del 14,5%, (5.954 millones); la tercera comunidad con menores obligaciones y desde luego muy lejos de la Comunidad Valenciana, cuya deuda supone el 37,9% del PIB, Castilla-La Mancha (33,5%), Cataluña (32,4%) o Baleares (29,3%).
Canarias reclama en este sentido que el Estado ceda a las comunidades autónomas un mayor porcentaje del déficit que la Unión Europea permite a España dado que son ellas las que asumen el mayor gasto social.
Las regiones creen que la recuperación económica permite un mayor margen para la relajación de los límites, pero Montoro ya ha advertido a los nuevos gobiernos autonómicos de que el control del déficit público sigue siendo fundamental.
La otra gran cuestión que planteará Canarias y la mayoría de las regiones en el próximo CPFF es la reforma del sistema de financiación autonómica. No es previsible en este sentido que si Rosa Dávila se hace con la consejería de Hacienda cambie el discurso y el tono mantenidos hasta ahora por González Ortiz. Esta es una de las prioridades que el nuevo Ejecutivo canario se ha marcado en su programa de gobierno y Canarias estará por tanto en el núcleo duro del CPFF que exija cambios en el actual sistema, que en la actualidad hace perder al Archipiélago 800 millones anuales de financiación.
Cabe resaltar que tras el 24-M, el PP pierde la mayoría en este órgano sectorial que reúne al Gobierno central y a las comunidades autónomas y que a Montoro ya solo le quedan cinco aliados dentro: Madrid, Galicia, Castilla-León, Murcia y La Rioja.
