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Las disputas dejan a Podemos en las Islas sin su órgano disciplinario

La dirección estatal disuelve la Comisión de Garantías de Canarias por la dimisión de tres de sus miembros

Juan Manuel Brito en la noche electoral del pasado 24M. JOSÉ CARLOS GUERRA

La división interna y los conflictos entre los distintos sectores en Podemos mantienen a esta formación sin una plena configuración orgánica y con algunos de sus cargos y dirigentes electos en situación de dimitidos o expedientados. La plataforma emergente se ha visto sacudida prácticamente desde su nacimiento a frecuentes convulsiones internas que han provocado, entre otras medidas disciplinarias u orgánicas, la disolución de su Comisión de Garantías Democráticas, el órgano encargado de velar por los derechos de los militantes y de las normas de funcionamiento de la organización.

La dimisión de tres de los seis integrantes antes del verano ha llevado a la dirección estatal de la formación en Madrid a decretar la disolución del órgano, razón la cual los conflictos que han aparecidos recientemente entre la dirección regional y algunos sectores en Gran Canaria tienen que derivarse a la Comisión de Garantías estatal. Fuentes de Podemos de Canarias confirmaron ayer que la situación actual se mantendrá hasta después de las elecciones generales, que se celebrarán con toda probabilidad el 13 de diciembre, o incluso hasta enero, y que los conflictos planteados hasta ahora se resolverán ya por parte del árbitro central.

La división entre los distintos sectores de la formación en los ámbitos regional y grancanario tuvo su reflejo desde los primeros momentos de la vida de la organización en su instancia de garantías. De hecho, desde el lunes se ve en el Juzgado de Instrucción número de San Bartolomé de Tirajana una demanda de una de las integrantes de la Comisión de Garantías, Marion Peschutter, contra quienes en ese momento ocupaban la presidencia y la secretaría de ese órgano, Isabel Suárez y Desiderio Sarmiento, respectivamente.

La denunciante esgrime una supuesta falsedad y coacción, así como la comisión de múltiples irregularidades en la apertura de varios expedientes de expulsión o de suspensión de miembros del partido. En su relato incluye: reuniones del órgano que nunca llegaron a producirse pero en las que supuestamente se tomaron decisiones; actas en las que se relacionan como presentes y firmantes de algunos acuerdos miembros de la Comisión que no estuvieron presentes en las fechas en la que están firmadas. Eso amén de que Peschutter reclamó aclaraciones por parte tanto de la Comisión de Garantías como de la cúpula del partido que nunca se dieron.

Los otros integrantes de este órgano eran Juan Francisco Jiménez Moreno, Ángela Sierra, y Fernando Lima. Todos fueron elegidos de forma directa e independiente en primarias mediante listas abiertas, según los estatutos del partido.

Oficialmente, la disolución de la Comisión de Garantías se produjo tras la dimisión "por motivos personales" de tres de sus seis integrantes, lo que provocó de facto una incapacidad del órgano para tomar decisiones. Eso ha llevado a la dirección estatal a decretar su disolución y a trasladar a la propia Comisión de Garantías estatal los casos que han ido surgiendo.

El más llamativo es sin duda el proceso abierto tras la crisis en la organización en Gran Canaria como consecuencia de la pretendida contratación por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Juan Manuel Brito, de su pareja, Noemí Parra, como directora general Igualdad de la corporación insular. El veto a la operación por parte de la secretaria general de Podemos Canarias, Meri Pita, motivó una dura reacción por parte de Brito, de la también consejera en el Cabildo María Jesús Nebot, y de otros sectores del consejo insular de la plataforma. La dirección regional entendió que se vulneraba el código ético de Podemos, lo que junto a la gravedad de los ataques dirigidos hacia la propia Pita, motivó la apertura de un expediente de expulsión y su traslado a la Comisión de Garantías estatal.

El propio Brito, en su reacción a la decisión de la cúpula de Podemos, ya ponía en cuestión la imparcialidad de órgano de arbitraje de las Islas. En ese momento la dirección ya conocía que no es aquí sino en Madrid donde se va a dirimir posibles sanciones o la continuidad o no del también vicepresidente del Cabildo en el partido por el se presentó a las elecciones locales el pasado mes de mayo.

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