El Cabildo de Gran Canaria intentó sin éxito prefinanciar la carretera de La Aldea y la IV fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria en la legislatura pasada. La Corporación que presidía en ese momento José Miguel Bravo de Laguna ofreció 13 millones para la circunvalación y hasta 20 millones de euros para La Aldea. El debate se prolongó durante cerca de dos años y el argumento utilizado por el Gobierno canario para desestimar la propuesta de la Corporación insular fue que computaba como deuda y la Comunidad Autónoma podía incumplir el objetivo de déficit impuesto desde el Estado y la Unión Europea.
El cruce de declaraciones entre ambas instituciones derivó en acusaciones mutuas. José Miguel Bravo de Laguna criticó al Ejecutivo regional por carecer de "voluntad política" para acometer estas dos carreteras imprescindibles para Gran Canaria. Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Domingo Berriel, tachaba de "insularistas" las posiciones de la Corporación insular y también responsabilizaba al Ministerio de Hacienda por impedir esta solución financiera.
Una vez que la fórmula de la prefinanciación terminó por ser desechada se buscó otra alternativa y finalmente el Cabildo de Gran Canaria adelantó 10 millones para La Aldea y cinco para la circunvalación a través de un convenio por el cual la Consejería de Obras Públicas se comprometía a invertir la misma cantidad en carreteras de interés insular.
La posibilidad de que Hacienda autorice al Cabildo de Tenerife a prefinanciar carreteras para que adelante los 15 millones en una vía nueva ha hecho saltar todas las alarmas en el Cabildo grancanario. La consejera de Hacienda estudia una solución que no contabilice como deuda y no afecte al equilibrio en la inversión de carreteras entre todas las islas. Se trata de la cuadratura de un círculo difícil de encajar cuando, además de Gran Canaria, otras islas como Fuerteventura o La Gomera ya han advertido que sus carreteras también son estratégicas y necesarias para facilitar la movilidad, tanto en sus respectivos territorios como a nivel regional. Ahora de trata de comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Clavijo para satisfacer las demandas de Carlos Alonso.
