En esta semana endiablada, no por casualidad, me ha venido a la cabeza un artículo que publiqué en enero de este año; lo titulé: El año en que viviremos peligrosamente, como en la vieja película. Finalizando 2015, ya podemos afirmar que ciertamente hemos vivido un año de grandes riesgos y graves peligros. Empezó con unas elecciones en enero que dieron un vuelco radical a la política griega. El Gobierno de izquierdas salido de las urnas planteó un desafío a las políticas de austeridad llevadas al límite, causantes de la grave crisis social de una gran parte de Europa. El euro tembló y hubo un momento en que todo el proyecto europeo se puso en cuestión. Finalmente se llegó a un acuerdo in extremis, que se sostiene cogido por los pelos.
En mayo, el partido conservador ganó las elecciones en el Reino Unido con la promesa de cambiar su estatus en la Unión Europea. Y ha convocado un referéndum para 2017, con una pregunta tan clara como simple: ¿Debe el Reino Unido quedarse o abandonar la Unión Europea? La pregunta no tiene nada de retórica; la prueba es que precisamente en esta semana, Cameron ha presentado en Bruselas su memorándum de exigencias para seguir en la Unión. Establece condiciones que van desde la política migratoria a la financiera y que resultan sencillamente inaceptables para sus socios europeos: muy difíciles de negociar. ¿Cómo era aquello que no recuerdo bien del barco que se hunde y el primero que lo abandona?
En el verano de este mismo año, empezó el gran éxodo. Y se inicia la dramática crisis inmigratoria que aún no ha terminado. El reparto de refugiados ha abierto un profundo conflicto entre los países del continente. Y ha puesto en cuestión uno de los principios esenciales de la Unión: la libre circulación de personas. Europa se llena de muros, barreras y policía de frontera. Así los países europeos han terminado de tomar conciencia de los efectos gravísimos que provoca intervenciones militares que parecían lejanas, en Libia y en Siria. Que son continuación de las que antes se produjeron en Irak y Afganistán y la que estuvo a punto de producirse en Irán, con sus gravísimas consecuencias. Menos mal que con grandes dificultades lograron frenarse los delirios belicistas de Israel y Arabia Saudí.
Entre estos dos, con el apoyo de los norteamericanos y la complicidad de los europeos, en especial los franceses, se montó lo que llamaron "un Ejército de Liberación Nacional", que tenía como objetivo liquidar la dictadura siria de Al-Assad. Pero el tiro salió por la culata y el Ejército de Liberación se convirtió en poco tiempo en el Califato Islámico. Un terrible engendro histórico que ha extendido por todo el Oriente Medio una horrible ola de crueldad irracional, violencia y guerra delirante. Pero no podemos olvidar que son las políticas occidentales las que han fabricado este monstruo, que ataca estos días sin piedad al corazón de Europa. El terrible atentado de París del viernes es la expresión más evidente de que con solo armas no se mata el monstruo. Europa tiene que reflexionar profundamente sobre la necesidad que, junto a las acciones militares y policiales de lucha contra el terrorismo, se requieren también políticas de paz y cooperación. Con la construcción de un nuevo equilibrio estratégico en Oriente Medio que no puede estar dominado por Israel y Arabia Saudí.
La suma de todas estas crisis ha puesto en cuestión el futuro del proyecto europeo, que se debate ante un claro dilema: acelerar el proceso hacia la unidad europea o volver atrás, como proponen ahora los ingleses. Lo que ha quedado claro es que la Europa paso a paso que defienden los alemanes está estallando por todas partes, en sus fronteras exteriores e interiores. A España le pasa lo mismo. En poco tiempo ha pasado de la crisis económica a la social. Y de la social a una profunda crisis política y territorial que ha puesto en cuestión a todas las instituciones del Estado.
Crisis de Estado
Los historiadores del futuro dirán que las elecciones municipales y autonómicas de junio, que supusieron avances importantes de gobiernos alternativos en las grandes ciudades españolas; junto a las elecciones catalanas de septiembre, abrieron en toda España una crisis del modelo de sociedad y del modelo de Estado. Estamos pues ante una segunda transición política en que España, se quiera o no, tendrá que afrontar una importante reforma constitucional. Por eso las elecciones del próximo 20 de diciembre son tan decisivas.
Lo ocurrido esta semana en Cataluña ha sido justamente la gota que rebosó el vaso. Una de las más importantes comunidades españolas se ha declarado en rebeldía e iniciado un proceso de secesión. El lunes, el Parlamento catalán declaró solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República. Pero ni el martes ni el jueves de esta misma semana, los independentistas fueron capaces de formar gobierno. El Parlamento autocalificado de soberano aparece descabezado en una situación grotesca. El miércoles, el Tribunal Constitucional suspendió al resolución aprobada y advirtió a todos los altos cargos del Gobierno y Parlamento de Cataluña de su inhabilitación.
La escalada de la tensión ha empezado, la prensa europea la califica de "carrera hacia la locura", con un riesgo evidente que el choque de legalidades y poderes contrapuestos pueda desembocar en actos de violencia. Si llegáramos ahí, la situación se complicaría de tal manera que sería muy difícil reconducirla. Por ahora, la solución no es el diálogo, como piden muchos. La solución más bien son las urnas: conviene que los catalanes voten para saber qué piensan; pero no en un referéndum que en este momento no es legalmente posible. Las urnas se abrirán en Cataluña, como en toda España, el 20 de diciembre y esto ofrece otra oportunidad para que el pueblo catalán exprese su voluntad, como ya lo hizo el pasado 26 de septiembre. Y rompa el debate sobre si la mayoría la expresan los diputados o los votos. Sería así un segundo plebiscito de hecho y no de derecho, como fue el de las elecciones autonómicas.
La última encuesta oficial hecha pública estos días por el Gobierno catalán da un 46% de apoyo al independentismo y un 47% para los que lo rechazan. Una diferencia mínima que sería mucho mayor si los constitucionalistas ofrecieran claramente una reforma de la Constitución que reconociera la singularidad de Cataluña. Lo que significaría que tuviera que hacer una aportación menor y más razonable a la solidaridad entre las regiones; y contara con autonomía plena en identidad cultural, educación e idioma; y políticas de gestión propia, con amplia autonomía en el desarrollo de las infraestructuras, puertos y aeropuertos, es decir, aquellas cosas que vienen reclamando con insistencia los catalanes en toda esta última década.
En cualquier caso, debemos saber que después de lo que ha pasado esta semana, esta maldita semana europea y española, la reforma constitucional ya no hay quien la pare. El ministro español de Exteriores, García Margallo, acaba de hacer unas declaraciones tan curiosas como lúcidas. Primero dijo: "Los errores empezaron con la invasión de Irak -la de Bush, Blair y Aznar- y le siguieron los desastres de las sucesivas invasiones. Los resultados cantan por sí solos: la creación del Estado Islámico". A continuación, Margallo saltó del exterior a lo interior, y dijo: "Tengo en el cajón bien guardada una reforma completa de la Constitución para cuando sea posible". Sánchez lo completó: "Hablé con Rajoy y está de acuerdo". Y entonces, ¿cuándo será posible?
Canarias, el día después
Después de las elecciones generales del 20 de diciembre, elegido el nuevo gobierno, su primer paso será pactar con todos los partidos una Ponencia para la reforma constitucional. En ella estarán presentes todos los grupos parlamentarios, entre ellos los vascos y los catalanes, pero no estará Canarias.
En ese preciso momento, España habrá entrado formalmente en una segunda transición, que durará al menos dos años. Y donde los españoles volverán a ser examinados por la historia sobre su sabiduría como pueblo. Examen que se aprobó con notable en la primera transición y que ahora está por ver. De momento los principales partidos y las principales comunidades territoriales -Cataluña, Euskadi, Andalucía, etcétera- ya están preparadas para ello y saben muy bien lo que quieren. Pero lo preocupante y angustioso es que Canarias no lo sabe.
El nuevo Gobierno del archipiélago anda confuso, desconcertado, dando bandazos. Da la impresión que está atravesando un oscuro túnel, sin ver la salida y se orienta a ciegas tanteando las paredes. Pero lo sepan o no, Canarias está en un momento clave de su historia: tiene que modernizar su modelo económico y adaptarlo a las nuevas circunstancias de la globalización. Definir su identidad y encontrar el nuevo papel que le corresponde en esta zona del mundo. ¿Cómo recogerá la futura Constitución el hecho diferencial, el contenido de la ultraperiferia y la singularidad canaria? ¿No sería adecuado aprovechar las próximas elecciones generales para que los aspirantes a diputados y senadores por las islas nos lo expliquen?
