El Parlamento canario aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley con el que se modifica el presupuesto autonómico de este año por importe de casi 40 millones de euros, con los que pagarán, entre otras cuestiones prestaciones canarias de inserción (PCI) reconocidas pero que no tenían dotación, y parte de la extra de 2012 a los funcionarios.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó en el pleno del Parlamento de Canarias que se trata de un dinero que la Comunidad Autónoma ha recibido como consecuencia de la liquidación de la financiación autonómica correspondiente a 2013, por lo que esta modificación presupuestaria no supone aumento del gasto ni del déficit.

Lo aprobado hoy es un proyecto de ley de crédito extraordinario por importe de 13.318.713,54 euros y un suplemento de crédito por 26.637.941,21 euros para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015.

Del total de esos casi 40 millones de euros 26,4 son para una cuarta parte de la paga extraordinaria de 2012 de los funcionarios, mientras que 7,5 millones son para las prestaciones canarias de inserción de unas seis mil personas que tenían reconocido el derecho pero no habían percibido cantidad alguna.

Además, casi dos millones de euros son para pagos de la ley de dependencia y también se incluye en este proyecto de ley la devolución de la extra al personal docente de centros concertados, así como pagos por insuficiencias presupuestarias en el Servicio Canario de la Salud por aspectos "no previstos" por incremento gasto en sustituciones como en nuevas contrataciones para reducir las listas de espera.

Rosa Dávila indicó que se trata de gastos inaplazables y sobrevenidos, que no estaban previstos en el proyecto de ley de presupuestos de este año.

El diputado del grupo Mixto Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), dijo que "faltaría más" que no apoyase la propuesta que permitirá a miles de canarios percibir un dinero que les corresponde.

Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, opinó que es de "cajón" apoyar la proposición de ley pero aseguró que con este dinero no se resuelven los problemas para añadir que con esta dotación los funcionarios habrán cobrado la mitad de la paga extra de diciembre de 2012, pero falta el otro 50 por ciento.

El portavoz de Nueva Canarias señaló que con estos pagos el Gobierno canario reconoce la mala financiación del Servicio Canario de la Salud, así como la baja dotación de la Prestación Canaria de Inserción.

Concepción Monzón, de Podemos, mostró su apoyo a la proposición de ley, si bien afirmó que es insuficiente, y recordó que una cuarta parte de la paga extra de los funcionarios se devolvió como consecuencia de sentencias judiciales, y en cuanto a la PCI señaló que no es la solución y su partido aboga por una renta mínima.

El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez insistió en que esta proposición de ley es consecuencia o de la mala gestión o de una mala forma de presupuestar, y comentó que debe ser una casualidad que "siempre se queden cortos" en la dotación de asuntos sociales.

Disculpas del Gobierno

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha pedido disculpas a las aproximadamente seis mil familias que percibirán con retraso el dinero de la Prestación Canaria de Inserción (PCI)y que en algunos casos tenían el derecho reconocido desde hace seis meses.

Patricia Hernández pidió disculpas después de que el pleno del Parlamento canario aprobase hoy un proyecto de ley de con el que se modifica el presupuesto autonómico de este año para pagar, entre otras cuestiones, las prestaciones canarias de inserción reconocidas pero que no tenían dotación.

La también vicepresidenta del Gobierno canario declaró que lo importante es que esas personas cobrarán pero insistió en pedir disculpas por "tantas semanas y meses de sufrimiento", y añadió que las primeras en cobrar serán quienes llevan más tiempo de espera.

Patricia Hernández manifestó que los primeros cobros comenzarán esta semana, y comentó que el problema es que son familias que tenían el derechos reconocido pero no cobraban, y otras tenían la renovación desde hace seis meses y tampoco percibían las ayudas.