El anteproyecto de ley que inició ayer su tramitación establece una serie de principios de buen gobierno. Entre ellos se recoge que los cargos públicos de la Administración autonómica están obligados al "mantenimiento de una conducta digna, tratando a la ciudadanía con el debido respeto y esmerada corrección". También establece que el alto cargo debe poner en conocimiento de las instituciones cualquier actuación irregular de la que tenga conocimiento; debe rendir cuentas y someterse a los controles establecidos y aplicar la austeridad en el uso de los bienes y recursos públicos. También deja claro que debe rechazar los regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, así como favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. También fija la plena dedicación al servicio público una vez accede a la responsabilidad para la que ha sido designado y la obligación de ser imparcial, ecuánime y objetivo. La igualdad de género, la transparencia en la gestión y la eficacia y eficiencia son también otros principios de buen gobierno que figuran en el borrado. El texto recoge que se aprobará un código de buen gobierno de los altos cargos para adecuarse a las exigencias de la sociedad.
