La norma que prepara el Ejecutivo regional para regular el régimen jurídico de los altos cargos de la Comunidad Autónoma y establecer normas de buen gobierno recoge una serie de sanciones que van de leves a muy graves para los dirigentes políticos que incumplan las reglas sobre idoneidad, honorabilidad, código ético y responsabilidad en la gestión de los asuntos públicos.
Según el consejero de Presidencia, Aarón Afonso, tanto en la normativa aprobada en varias comunidades autónomas como en la del Estado "para aquellos cargos que sean sancionados por infracciones graves o muy graves por el incumplimiento de las normas de transparencia que figuran en el estatuto de altos cargos, en las obligaciones y deberes del cargo o en las incompatibilidades el régimen sancionador puede dar lugar al cese del cargo en el caso de faltas muy graves".
Asimismo, en caso de conflicto de intereses el alto cargo está obligado a abstenerse en cualquier decisión o votación referida a temas que estén vinculados a asuntos empresariales, patrimoniales o familiares del responsable público. Si esto no sucediera se le puede obligar a la inhibición o incluso ser destituido.
Estas y otras cuestiones están recogidas en las diferentes leyes que se han ido aprobando en los últimos años por las comunidades autónomas y el Estado. El titular de Presidencia insiste en que se trata de normativa que contiene más criterios técnicos que políticos y que el Ejecutivo ha hecho un estudio comparado y, sobre el mismo, ha articulado el borrador.
El proyecto intenta recoger todos aquellos aspectos que regulan el funcionamiento del alto cargo no sólo cuando está ejerciendo las funciones para las que ha sido nombrado, sino también el régimen de incompatibilidades hasta dos años después de la salida de la Administración autonómica o del sector público.
En este sentido, el primer borrador estudiado por el Ejecutivo establece que el alto cargo tendrá limitadas sus actividades empresariales y profesionales hasta dos años después de abandonar la responsabilidad política y tendrá que reservar la información obtenida durante su permanencia en el cargo para asuntos privados y profesionales.
Hay también una serie de normas de buen gobierno que pretenden reconducir el deterioro de la función pública por la ciudadanía, tras los casos de corrupción que han salpicado a las administraciones públicas en los últimos años. Entre estas normas figura el trato digno a los ciudadanos y rechazar regalos y favores.
