El Gobierno de Canarias sellará siete vertederos ilegales en 2016 y dejará 17 pendientes, que se cerrarán de forma progresiva hasta el año 2018, tal y como exige la Unión Europea (UE), que ha denunciado a España por no acabar con 61 vertederos ilegales en seis comunidades, entre ellas, las Islas.
Entre los vertederos que el Ejecutivo canario prevé cerrar a lo largo de este año están el de Montaña del Tesoro, al que destinará 1.680.000 euros, y el de Faro de Orchilla, con 401.000 euros, ambos en El Hierro.
En Fuerteventura el cierre de Tiscamanita costará 300.000 euros y la segunda fase del Complejo Zurita 5 millones, mientras que el de Montaña de Amagro en Gran Canaria 300.000 euros. Por su parte, la segunda fase del vertedero de Butihondo en Fuerteventura y también la segunda fase del de Arure en La Gomera valdrán 2.383.000 euros.
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó en comisión parlamentaria, a instancias de la Agrupación Socialista Gomera, de que en el Archipiélago hay un total de 24 vertederos sin restaurar y que tienen que ser clausurados, sellados y restaurados para que la UE no imponga a España una sanción coercitiva.
La mayor parte de esos vertederos surgieron de la necesidad de dar solución al tratamiento de residuos cuando no había en Canarias complejos ambientales, recordó Nieves Lady Barreto, quien informó de que a partir de los años noventa se han invertido 160 millones para complejos ambientales y puntos limpios. "Estamos poniéndole prisa a este asunto, pero necesitamos la colaboración de ayuntamientos", aseveró la consejera, quien se quejó de la dificultad de sellar algunos vertederos, ya que no se ceden los suelos en los que se encuentran.
Si se soluciona la cesión de estos suelos, el Gobierno intentará cerrar a lo largo de este año "algún otro" vertedero ilegal, agregó Barreto. Del año 2006 al año 2011 se cerraron seis vertederos; de 2011 a 2014, otros dos más; en 2015, ninguno, y con los siete que se sellarán este año quedarán 17 pendientes. La Comisión Europea anunció el año pasado su decisión de llevar a España ante la Justicia europea por los vertidos ilegales.
