Pablo González : «Estaba tan metido en los restaurantes que no me preocupé por las licencias, nadie las había pedido hasta ahora»

¿Cómo se encuentra?

Fatal, no son solo estas dos semanas sino meses los que llevo arrastrando esta injusticia que se está cometiendo. Lo llevo muy mal, he estado automedicándome y ya fui al médico para recibir un tratamiento que me ayude a paliar el estrés y los nervios. En casa cada uno lo lleva como puede.

¿Cómo se inició en la hostelería?

Con 14 años empecé a trabajar en El Gorro Blanco en Playa del Inglés como aprendiz de camarero, luego fregando y después pasé a la barra. Allí estuve hasta los 16 años, cuando fui a trabajar con mis hermanos, quienes montaron una empresa de restauración con varios negocios, entre ellos El Pirata y el Atlanta, y llegaron a tener más de 20 restaurantes. Después montaron el ya desaparecido catering Hergora. Tiempo después me marché y cogí el bar-piscina de los apartamentos Santa Fe, donde estuve 12 años. De allí cogí locales en el centro comercial de Puerto Rico: la pizzería Mamá Pizza, Trébol y Las Brasas, todo a medias con un sobrino. Luego en 1999 alquilé El Pirata a mis hermanos, que lo tenían en propiedad, hasta que lo compré; el siguiente que vino fue el Venecia, que alquilé durante 14 años hasta que lo adquirí 14 días antes del confinamiento; luego el Atlanta en 2012 y en 2021 compré en una subasta de Hacienda el Gran Canaria y El Tiburón. Llevo más de 30 años como empresario. 

Y ahora que le precintaron dos y usted cerró otros tres, ¿de qué vive?

En Puerto Rico tengo también el restaurante Bahía Playa, alquilado, en sociedad con mi hermano y mi sobrino, y en Amadores tengo el Paraíso Beach en concesión. También tengo el complejo de apartamentos, el Buenavista, y un local en el centro comercial, el Bora Bora, que cerré voluntariamente hace año y medio después de una multa de 15.000 euros.

«Quiero reabrir los tres locales que cerré y meter a los empleados, pero antes necesito los papeles»

¿Qué le supone el cierre?

Es un golpe al núcleo duro de una empresa con 50 empleados detrás, algunos de ellos de más de 20 años. Ya he liquidado a 25 trabajadores, los que menos tiempo llevaban, y ahora me faltan otros 25 que me costarán un dineral, aunque estoy pendiente a ver si en un tiempo prudencial puedo arreglar todo el papeleo y evito mandarlos al paro. Yo quiero reabrir los otros tres restaurantes y meter ahí a mis empleados, pero primero tengo que reunir toda la documentación para que no vengan a por mi y me claven otros 22.500 euros.

Cincuenta años de estos restaurantes, 30 con usted. Alquiló y luego compró. ¿Cómo es posible que en ningún momento se dé cuenta de que la documentación no está en regla?

Estaba tanto tiempo metido en los restaurantes que no me preocupé de eso, y tampoco nadie me lo había pedido hasta ahora. En 50 años, ¿por qué no me han pedido la documentación? He pedido a la alcaldesa dos reuniones, una vía oficial por vía telemática, y otra informal vía whatsapp, pero hasta la fecha no ha respondido.

¿Cerrar esos tres restaurantes de forma voluntaria fue acertado o considera que se precipitó?

 Sinceramente, no sabría responderle. Pero si me cerraron dos locales por no tener licencia, ¿quién me dice a mi que la denunciante no sigue luego denunciando el resto de locales y yo teniendo que pagar más multas? Hemos pedido la consolidación de la actividad. El Ayuntamiento dice que eso solo procede en urbanismo y no en este caso, pero en Tenerife ya se ha utilizado esa fórmula para legalizar varios bochinches. El Ayuntamiento no puede obviar los 50 años de actividad.

Ha dicho que se siente acosado, ¿por qué, si el Ayuntamiento solo cumple la legislación?

Si se cumple la legislación, que sea para todo el mundo. Tengo dos informes policiales del 29 de diciembre que dicen dos cosas distintas: para uno vinieron cuatro policías a mediodía a verificar si el restaurante Gran Canaria estaba abierto y en el documento pone que está cerrado, y por la noche vino otro policía y puso en el informe que El Pirata estaba abierto hacia el Gran Canaria un 40%, cuando además tengo ocho actas notariales donde consta que el Gran Canaria estaba cerrado. Además hay otro informe del 30 de agosto que dice que estaba cerrado, pero el Ayuntamiento se agarra al que hizo el policía que inspeccionó por la noche para cerrarme El Pirata. Ojo, cuando pido mis informes, en el CD que me dan vienen dos denuncias de la vecina y el informe de la noche, pero no el informe del día, aunque lo conseguí solicitándolo en la Policía Local. Claramente, el policía que elaboró el informe de por la noche miente; a ese agente lo denuncié en 2008 por acoso y ahora hemos incorporado en nuestra reclamación 29 denuncias solo de ese policía. A mi me denunciaba porque, según él, tengo las terrazas sin título habilitante, pero eso no es cierto porque cuando Puerto Rico S.A. vendió los locales a los antiguos propietarios y ellos a mi se cedió el uso y disfrute de las terrazas. ¿Estoy en dominio público? Si, pero a mi no me tienen que denunciar, sino a Puerto Rico S.A, que fue la que nos dio el uso y disfrute. En total tengo 80 denuncias por eso, el 90% pagadas.

«Si Costas me autoriza las terrazas, invertiré un millón de euros para reformar mis locales»

Onalia Bueno avisó esta semana de que Costas demolerá los locales.

Eso no puede ser. Todos mis restaurantes están en servidumbre de protección, excepto el Atlanta, que Costas dice que está en dominio público y en todo caso al tenerlo antes de la Ley de Costas de 1988 tendrían que darme una concesión por 75 años. Pero el resto están fuera del dominio público, como así atestigua en mis notas registrales, y la normativa señala que yo puedo reformar sin ampliar en volumen ni altura y pidiendo una autorización a Costas. Por otro lado, lo que sí está en dominio público son todas las terrazas, menos parte de la de El Pirata pues yo tengo 140 metros en propiedad inscritas en el Registro en 1967.

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Teniendo en cuenta eso, ¿qué pasos está dando? ¿Va a regularizar sus negocios?

Ya presenté el jueves ante Costas las solicitudes de autorización para reformar los cinco locales y de concesión administrativa para el uso de las terrazas, puesto que ya se venció la que inicialmente tenía Puerto Rico S.A. Si Costas me otorga la concesión de las terrazas, yo estoy dispuesto a invertir más de un millón de euros para reformar mis locales y retranquear las terrazas hacia los establecimientos para dejar por delante un paseo como seguramente pedirá la Demarcación, con la consiguiente modernización que tiene la playa. Pero si no me da la concesión mis locales, que están bajo rasante, no valen nada, me hundirían por completo. Lo lógico sería que me otorgaran la concesión, pues también la conceden al Ayuntamiento para montar módulos de restauración en varias playas. Con la de años que llevamos aquí, ¿qué sentido tiene demoler ahora estos espacios? Ninguno, además de que no pueden hacerlo porque, insisto, los locales son míos. Ya he presentado los proyectos de reformas de los restaurantes Gran Canaria y El Pirata. Y si Costas no me quiere dar la concesión a mi, que se la dé al Ayuntamiento, que lo adecenten ellos y me cobren a mi un canon por las terrazas; estoy dispuesto a cualquier fórmula con tal de no tener los restaurantes cerrados porque cada día pierdo 5.000 euros.

¿Ha tenido alguna conversación con otros empresarios de la playa?

Sí, pero me han dicho que no quieren colaborar. Así que aquí estoy partiéndome yo el lomo también por ellos. Son unos egoístas, lo lógico es que estuvieran apoyándome porque el beneficio será para todos.

Los trabajadores se manifestarán el lunes. ¿Qué espera de esa concentración?

Como mínimo que la alcaldesa Onalia Bueno tenga la dignidad de dar la cara, ya que no fue al Pleno. Y si ha actuado contra mi con esta agresividad, entiendo que será igual con todos los demás empresarios de la playa que se encuentren en la misma situación. Yo no me he sentido protegido.