La alcaldesa de Mogán anuncia que Costas derribará los restaurantes del cierre de Puerto Rico

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, dejó claro ayer que «el Ayuntamiento no es responsable de los despidos de los 50 empleados de los cinco restaurantes cerrados en la avenida de la playa de Puerto Rico». Destacó que «solo sancionamos dos locales porque uno tenía 10 denuncias y otro carecía de licencia de apertura. Si el propietario decidió el cierre de sus otros tres negocios, fue porque quiso». La regidora anunció que Costas tiene planeado derribar todos los establecimientos de restauración de la avenida por estar en dominio público marítimo. Onalia Bueno evitó valorar las opiniones de los trabajadores, que la culpan directamente de sus despidos. «No somos responsables de nada de esto», se limitó a decir la alcaldesa.

El propietario de los cinco locales, Pablo González, envió al paro a los 50 empleados de los cinco restaurantes de su propiedad la semana pasada, tras descubrir que sus negocios carecían de licencia de apertura a raíz de recibir dos sanciones del Ayuntamiento de 22.500 euros a cada uno de los restaurantes, Gran Canaria y El Pirata. Los locales están abiertos desde hace 50 años, él los compró hace 30 y se enteró hace una semana de esta situación que confirmó «no entender». Optó por el cierre de los otros tres para tratar de regularizar la situación y evitar más sanciones. De paso, se vio obligado a despedir a 25 empleados y a los otros 25, a irse de vacaciones este mes para regularizar todo en tiempo récord.

El caso se ha convertido en una maraña administrativa que ha dejado al paseo de la internacional playa de Puerto Rico con un solo local de restauración, y una papa caliente que pasa de la administración local a la Demarcación de Costas. Mientras, los 50 trabajadores parados de la noche a la mañana esperan con desconcierto volver. Su propietario ya ha solicitado a Costas la regularización de sus negocios, a través de un gabinete de abogados. Empleados y empresario organizan el lunes una manifestación a las puertas del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Mogán quiso dejar claro ayer que «las denuncias a los dos restaurantes se tramitaron por la vía administrativa local «a raíz de las 10 denuncias presentadas por una única persona, que se quejaba del ruido», explicó. Bueno agrega que «el espacios que ocupan los restaurantes en la avenida son de responsabilidad única de la Demarcación de Costas, y que precisamente, se encuentran en Dominio Público Marítimo y Terrestre».

La alcaldesa alertó en este sentido que esta administración, sobre la que pesa un coflicto de comeptencias entre el Estado y VCanarias, «quien actuará en consecuencia con el futuro de estos cinco y el resto de los establecimientos de restauración que se encuentran en su dominio, así como los dos chiringuitos de la playa». Y añadió que la máxima autoridad en materia de demarcación costera «ya tiene prevista la demolición de «todos y cada uno de los locales de restauración instalados en el paseo marítimo de Puerto Rico, incluidos los dos chiringuitos de la playa». Sin epecificar fechas, pero aseguró que estos derribos están dentro de la planificación costera en el municipio.

Langa no confirma los derribos

El presidente de la plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, explicó que si bien hay unos mil expedientes abiertos sobre los que pesa la amenaza de derribo, aclaró que no le consta que se incluyan los locales de restauración de Puerto Rico en Mogán, como los cinco propiedad del González, un sexto restaurante y dos chringuitos. Langa aclaró que «si bien es cierto que estos locales se encuentran situados en un espacio de dominio público marítimo terrestre», especificó que «el responsable de la Demarcación de Costas de Canarias habría comunicado con tiempo si procede a la demolición de los restaurantes y no lo ha hecho, que a mi me conste», aseveró Langa.

Pero con el cese de la actividad de los cinco restaurantes, en estos momentos «solo deja un local de restauración operativo y dos chiringuitos para atender a turistas y visitantes», destacó ayer la responsable de administración de la empresa de González, que avisó de la «mala imagen que está causando a lo clientes y a todos los que visitan la playa al ver esta triste imagen y de deterioro. En unos días de cierre y parece que están abandonados hace más tiempo». Dos de los empleados también reseñaban ayer que «se han cargado el empleo y Puerto Rico. Esto está muerto».

En estos momentos, el cierre de estos tres establecimientos de hostelería ers considerado por parte de su propietario, Pablo González, «provisional», porque pretende «regularizar la situación de sus negocios lo más pronto posible». Apostilló en contra de las comentarios que apuntan a que González clausuró sus tres locales porque quiso, anota que se vio abocado a cerrar: «Si lo decidí fue por el bien de todos. Recibir dos nuevas sanciones administrativas de esa cuantía me haría dejarlos definitivamente. Ahora estoy invirtiendo este dinero en pagar a los abogados, en sufragar los gastos de los servicios de despachos de arquitectos y especialistas para acondicionar lo que haga falta y reabrir todo y volver a contratar a mis empleados». Asegura González que si cerró el Atlanta, Venecia y El Tiburón fue para ponerse al día y obtener la licencia de apertura del Ayuntamiento y la tramitación de Costas.

Según fuentes de Nueva Canarias, las sanciones distan mucho entre las impuestas al propietario de los restaurantes de González, cierre definitivo y 22.550 euros, a las que puso el Ayuntamiento de Mogán, en enero de este año. Por ejemplo, NC afirma que resolvió dos expedientes similares al del restaurante El Pirata a la empresa Marina Élite SL por denuncias de ruidos y música en vivo, pero con una sanción de 15.000 euros y la suspensión temporal de la actividad por un plazo 15 días, al considerarse una infracción administrativa muy grave emitidos por los locales de los hoteles Marina Élite y La Marina, en Barranco Balito. Impuso la misma sanción en 2023 al Beach Club Puerto Rico.