La Audiencia de Cuenta alerta de la falta de seguimiento de la labor que realiza la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa) "a pesar de la sensibilidad del tipo de datos" a los que tiene acceso. El órgano fiscalizador echa en falta, en su análisis de la externalización de servicios por parte del Gobierno de Canarias durante los años 2013 y 2014, bajo el mandato de Paulino Rivero, la creación de "comisiones de seguimiento o de coordinación de los trabajos" a pesar de estar incluidas en las instrucciones que sobre ese particular se dieron desde la Dirección General de Tributos.
"Esta situación se ha corregido en el ejercicio 2015", afirmaron fuentes de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Durante el año pasado se celebraron "dos reuniones de las comisiones de seguimiento previstas para los convenios de encomienda de gestión". Los mismos que en los años anteriores echó en falta la Audiencia de Cuentas.
Grecasa es la empresa pública que utiliza la Hacienda canaria para incrementar su nivel recaudatorio. Se ocupa del seguimiento y cobro de las deudas que mantienen las personas físicas o jurídicas del Archipiélago con el fisco de las Islas. Para la realización de dicha función, necesita que sus trabajadores accedan a datos sensibles. A juicio del órgano fiscalizador dependiente del Parlamento regional, habría sido deseable contar con más control en el acceso a dichos datos. Sin embargo, en Hacienda entienden que se trata de un "error mezclar" la existencia de la comisión de seguimiento "con las medidas de seguridad" que se aplican para preservar el buen uso de los datos.
La consejería que dirige Rosa Dávila está comprometida con no volver a aparecer en un informe de este tipo, si bien descarta que se hayan podido cometer ilegalidades hasta la fecha por las cuestiones en las que incide la Audiencia de Cuentas. El departamento cree "excesivo" sostener que no se ha realizado una custodia de los datos utiliados por Grecasa por el hecho de no convocar las comisiones.
Para sostener esa afirmación, expone que el convenio firmado para encomendar a dicha sociedad pública la gestión "recoge detalladamente cuáles son las distintas medidas que en materia de seguridad" debe llevar a cabo la empresa.
Entre ellas se encuentra la descripción de las funciones y obligaciones de cada trabajador de Grecasa, que acceden a los datos de los contribuyentes con una contraseña personal que deben cambiar cada tres meses como máximo. Además, en cada entrada dejan huella, por lo que serían fácilmente localizables en el caso de hacer un uso indebido de los datos.
Es cierto que la Audiencia expone la deficiencia de la ausencia de la comisión de seguimiento, pero no constata irregularidades en el manejo de información sensible. Es decir, las advertencias que realiza son preventivas, pero no punitivas.
Der otra parte, el órgano fiscalizador expone también que a lo largo de 2014 "se imputaron como gasto, productividades al personal de la encomienda en materia de asistencia tributaria". Sin embargo, un acuerdo de gobierno de septiembre de 2013 impedía la inclusión en el convenio de "cláusula alguna sobre incentivos destinados a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores adscritos al servicio por la empresa contratista". El abono de pluses no tenía cobertura jurídica.
El informe de la Audiencia de Cuentas analiza las encomiendas de gestión realizadas por el Ejecutivo que dirigía Rivero entre los años 2013 y 2014 y, en general, alude a la falta de análisis previos que determinen la necesidad de externalizar funciones que son propias de la Administración regional, cuando los departamentos a los que se encarga los estudios no tiene capacidad humana o material para acometerlos. Se otorgaron 234 durante los dos años analizados por un montante de 65,5 millones de euros, lo que ha despertado las críticas de los sindicatos de empleados públicos y ha llevado al actual Gobierno regional a extremar el control para evitar la proliferación de estos 'contratos a dedo'.
El presidente, Fernando Clavijo, ya ha marcado de forma pública distancias respecto al anterior Ejecutivo y ha dejado claro que la auditoría del órgano fiscalizador no es achacable al actual equipo de Gobierno, que se ha marcado como objetivos "la transparencia y seriedad en la gestión de los recursos públicos". Esas fueron las instrucciones que se fijaron desde el primer Consejo de Gobierno, según Clavijo.
