El Estado se reunirá con los ayuntamientos que están registrando retrasos en la emisión de los informes de Servicios Sociales que identifican a las personas que se encuentran en situación de emergencia social para agilizar este trámite y evitar, de este modo, que se repita la situación de Puerto del Rosario, donde desde 2015 hasta ahora se han destruido 45 toneladas de alimentos, principalmente en los almacenes de Cáritas, por estar infectados por gorgojos y al alcance de roedores. El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, subrayó ayer que tratará de buscar soluciones y no culpables a esta situación, por lo que mantendrá encuentros con los consistorios de Puerto del Rosario y Arrecife, en primer lugar, pero también con ayuntamientos de otras islas donde han detectado, igualmente, demoras en este trámite, si bien no especificó cuáles.
"Todas las administraciones tenemos que sentarnos y dar una solución al problema", insistió Hernández Bento, porque se pone en riesgo la llegada de financiación europea destinada a la compra de alimentos para los ciudadanos con más necesidades -procedentes del Fondo de Alimentos para las personas más Desfavorecidas (Fead)-, puesto que está sometida a auditorías para controlar la gestión de los recursos.
La Delegación de Gobierno transmitió la semana pasada a los responsables de varios ayuntamientos su preocupación ante el deterioro y posterior destrucción de comida como consecuencia de los retrasos en unos informes que "son los que dan seguridad a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de que están haciendo la entrega de forma correcta". La inquietud es mayor aún porque, tal y como reiteró el representante del Estado en Canarias, la emergencia social constituye en las Islas un problema "especialmente" grave.
No obstante, Hernández Bento reconoce que el origen de esta situación también radica en la gestión del almacenamiento de los productos que realizan algunas ONG, a quienes les pide mejoras para evitar la pérdida de alimentos. De hecho, el delegado del Gobierno anunció que tiene la intención de sentarse con los responsables del Banco de Alimentos y Cruz Roja para analizar la situación con detenimiento. "Las organizaciones, en general, tienen que hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de las naves", esgrimió.
Para que esta mejora en el funcionamiento de las organizaciones sea más rápido, Hernández Bento preguntará al Gobierno central si "se ha dedicado en Canarias algún tipo de partida específica para facilitar el trabajo de las ONG" de los 2,5 millones de euros que existen a nivel nacional para favorecer la logística de almacenamiento.
El delegado del Gobierno en Canarias recordó que en las Islas hay casi 100.000 beneficiarios de este tipo de este tipo de ayudas, pero expuso que no tiene constancia de que se haya producido denuncias por parte de particulares por haber recibido alimentos en mal estado.
Por otra parte, Hernández Bento señaló que hay 150 asociaciones que se dedican al reparto de comida en las dos provincia y, aunque no en todos los casos, siempre aflora algún problema. "Esta no es una cuestión que afecta solo a Puerto del Rosario, sino que también hay destrucciones de alimentos en otras islas", recalcó. No obstante, el delegado aclaró que en ningún caso se alcanza las cantidades desechadas en la capital majorera durante el pasado ejercicio.
