La sociedad grancanaria ha asistido esta semana a un debate peculiar, protagonizado por representantes empresariales y la primera autoridad de la isla. El detonante fueron unas declaraciones empresariales cuestionando la capacidad de liderazgo del Cabildo de Gran Canaria a la hora de gobernar y defender los intereses de la isla. Las críticas provocaron gran malestar en la corporación y la inmediata reacción de su presidente. Haciendo suya la premisa de que la mejor defensa es un buen ataque, Antonio Morales criticó a su vez a este empresariado y terminó por suspender una reunión prevista con la patronal grancanaria. En una respuesta lanzada a través de las redes sociales, concluyó que dichas declaraciones estaban "al servicio de la derecha más intransigente" y suponían "un balón de oxígeno para Coalición Canaria". Y advirtió: "No vamos a permitir ningún chantaje ni presiones a Gran Canaria".
Superada la tormenta, la polémica podría pasar sin más a engrosar los anales de los desencuentros político-económicos que se vienen produciendo en esta isla. Espectáculos a los que el público grancanario asiste, por lo general, con un estado de ánimo que va del desconcierto a la indiferencia. Sin alcanzar a entender si responde a una confrontación ideológica de la derecha frente a la izquierda; a una batalla más de la particular guerra entre nacionalismos; a otro capítulo del interminable pleito insular; o a un remake del pulso entre dirigentes políticos canarios por incompatibilidad de caracteres. Pero el cruce de críticas que ha tenido lugar entre significados empresarios y el presidente insular no es absoluto anecdótico, sino el reflejo de algo más profundo que pone en evidencia problemas de gran calado que Gran Canaria no ha sabido resolver desde hace décadas.
Un problema histórico
El problema de la falta de liderazgo del Cabildo de Gran Canaria no es un problema de esta legislatura. Es un problema ya histórico, que recurrentemente sale a colación. Hasta el punto que cada nuevo presidente ha expresado, al entrar, su voluntad de enmendar el vacío de liderazgo de su predecesor. Entre los tiempos de Pedro Lezcano hasta los de José Miguel Bravo de Laguna, cuatro presidentes han tratado de convertir a la institución en un auténtico gobierno de la isla. Como lo es, indiscutiblemente, su cabildo para Tenerife, La Gomera o La Palma. También Lanzarote y Fuerteventura vienen reforzando la influencia de su corporación insular como gobierno político y no un mero gestor de servicios insularizados.
Gran Canaria, sin embargo, encuentra mayores dificultades para rearmarse frente a otras administraciones por diversas razones. La primera, por el peso específico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, superior al de otras capitales canarias. Pero, sobre todo, por el vaivén ideológico de los partidos que acceden a presidirlo frente a una mayor estabilidad política del resto de corporaciones insulares (Lanzarote representa un caso aparte). Así, en las últimas décadas se han sucedido, casi en alternancia de una a otra legislatura, gobiernos conservadores (Macías, Márquez, Soria y Bravo de Laguna) y progresistas (Artiles, Lezcano, Pérez y ahora Morales).
¿Administraciones siglo XXI?
El problema no puede, sin embargo, reducirse a una cuestión meramente presidencialista, del alcance del carisma del presidente de turno y su capacidad para rodearse de un equipo más o menos eficaz. Entronca con la propia estructura de la institución grancanaria, un mastodonte administrativo difícilmente gobernable, estructurado en departamentos estancos que actúan en no pocas ocasiones como reinos de taifa. Y, sobre todo, escasamente modernizado.
Sin embargo, el Cabildo de Tenerife inició su conversión en una administración siglo XXI ya en los tiempos de Adán Martín, entroncando incluso con el proyecto de isla de Galván Bello y dándole continuidad tanto Ricardo Melchior como Carlos Alonso, su actual presidente. Hace ya lustros que modificó igualmente su órgano de promoción turística y viene impulsando la creación de un departamento de "política exterior", formando expresamente personal a conciencia desde hace años en idiomas y gestión de proyectos europeos. Nada que ver, en ninguno de los dos casos, con las estructuras rígidas y convencionales del Patronato de Turismo y la Sociedad de Promoción de Gran Canaria.
El actual presidente representa el sentir de buena parte de la población de la isla. Morales ha elaborado durante su larga trayectoria como alcalde de Agüimes un sólido discurso social y ecologista, que comparten amplios sectores sociales. Hasta ahora, su forma de hacer política ha estado basada en la confrontación frente a quiénes considera que representan un modelo social, político y económico contrario al suyo. Pero la política municipal tiene un recorrido distinto al de la política insular. Ahora, al frente del Cabildo de Gran Canaria, no le corresponde defender un municipio o una comarca, sino proyectos estratégicos para la isla en los que el conflicto de intereses en más complejo. Además de las políticas sociales, debe elaborar y poner políticas turísticas, industriales o energéticas para el conjunto de la isla, que no siempre son fáciles de conciliar con su retórica.
El problema está en el trecho que hay que recorrer para convertir el dicho en hecho. Por ejemplo, en política energética, una de sus banderas, Morales ha apostado claramente por las energías renovables frente a los combustibles fósiles y ha escrito al respecto ríos de tinta. En ellos señala el objetivo, siempre ambicioso y de máximos, a la altura de las expectativas de su electorado, pero no logra despejar dudas sobre el camino que recorrerá para lograrlo.
Antonio Morales y Carlos Alonso no sólo están al frente de dos corporaciones insulares de distinto peso y estructura. Representan también dos modelos bien diferenciados de liderazgo insular y ofrecen soluciones ideológicas y políticas distintas desde el gobierno de la isla. Personifican, en fin, el choque entre los dos nacionalismos que se disputan un mismo espacio electoral: el que representan Coalición Canaria y Nueva Canarias. Este factor explica también en parte el enfrentamiento que mantiene con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que llevó al presidente del Círculo de Empresarios de Las Palmas, Germán Suárez, a señalar: "Lo deseable es que los enfrentamientos formen parte del pasado", en referencia al protagonizado por el anterior presidente Paulino Rivero y el ministro José Manuel Soria. Pero Morales no es el único que se confronta desde un cabildo con el Gobierno de Canarias. Carlos Alonso ha protagonizado en estos meses dos sonados conflictos con miembros del Ejecutivo autónomo, aunque no con su presidente.
La bronca permanente
El primero fue con la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, a raíz de su negociación directa con el Estado para financiar el anillo insular al margen del Convenio de Carretera de Canarias. Y el segundo, ocurrido esta misma semana, con la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, a cuenta de la visita oficial que ésta realizó a un hospital del sur de Tenerife. Alonso recurrió también a las redes sociales para criticar a la dirigente socialista por "carecer de educación" y "faltar el respeto institucional al Cabildo". Lo cierto es que no hay inauguración o acto que tenga lugar en la isla en el que no esté presente el presidente de esta corporación.
En estas "broncas permanentes", como las calificó el propio Alonso, lo que subyace es la lucha de los cabildos por disputar mayor protagonismo político a la Comunidad Autónoma. El debate tuvo su momento álgido en la transición y debe ser redefinido en el nuevo Estatuto de Autonomía. Carlos Alonso recordó, en un artículo título En defensa de los cabildos y ayuntamientos de Canarias, cómo "los cabildos han trazado las estrategias de crecimiento y desarrollo de cada isla". Pero la realidad es que lo han hecho de forma desigual y desnivelada, por ejemplo imponiendo una isla a otra la política turística en perfecta connivencia del Cabildo de Tenerife y su empresariado.
El presidente de la patronal grancanaria, Agustín Manrique de Lara, reflexionaba al respecto: "En los últimos diez años Gran Canaria ha perdido competitividad y, como ejemplo, tenemos un millón de turistas menos que Tenerife". Y es que la marca Gran Canaria tiene su prestigio en el mercado mundial, pero no la misma potencia que la marca Tenerife. Y su Patronato de Turismo sigue gestionando sus más de tres millones de turistas al año desde un organismo obsoleto, que el sector ha solicitado reconvertir y es un ejemplo claro de la incapacidad del Cabildo grancanario para transformarse en una institución moderna.
Las políticas insulares tienen que ver, sobre todo, con la gestión del territorio. De ahí que la opinión expresada por los empresarios grancanarios tenga, por último, mucho que ver con cuestiones estratégicas como la modificación de la Ley del Suelo, aunque el detonante haya sido el reparto de los fondos del ITE. Desde esta perspectiva, se están confrontando en Canarias dos modelos territoriales contrapuestos que, o se consensúan, o podrían desarticular aún más el encaje entre islas y sus respectivos desarrollos.
El futuro de Canarias pasa por el futuro de cada isla y su capacidad de afrontar los retos de futuro. Cada una con su proyecto propio y su capacidad de encajarse en el conjunto de Canarias. Las políticas electoralistas o de poco recorrido ayudan tan poco como las confrontaciones entre sus dirigentes, políticos o empresariales. Por lo que respecta a Gran Canaria, Antonio Morales lleva al frente de la primera institución de la isla más de ocho meses. Ha creado unas expectativas muy altas y los resultados de la gestión que haga en este primer año será clave para medir el alcance de su legislatura. Y despejar la duda de si Gran Canaria podrá, por fin, superar su histórica falta de liderazgo.
