Dos de los principales opositores a las prospecciones de Repsol frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, PSOE y Greenpeace, se muestran incrédulos ante el anuncio de la caducidad de los permisos de la petrolera. Socialistas y ecologistas aseguran que "no es creíble" que la autorización otorgada a la compañía haya expirado pese a que el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, y la propia multinacional energética mantengan que concluyó el pasado 22 de marzo.
Julio Cruz, secretario de Organización regional del PSOE, exigió ayer al Gobierno central "transparencia" sobre el estado real de esa autorización. Su formación, al igual que Greenpeace, apunta a que la concesión no caduca hasta agosto de 2017 porque la resolución ministerial de 2014 recoge que los permisos se prolongan durante tres años.
El Estado autorizó, en diciembre de 2001, el proyecto de búsqueda de hidrocarburos al este de Canarias por un periodo de seis años mediante un real decreto. Repsol empleó los dos años siguientes en preparar los estudios previos a sus actuaciones, pero en febrero de 2004 el Tribunal Supremo suspendió los permisos tras el recurso presentado por los socialistas lanzaroteños en este órgano. Las carencias de tipo ambiental en la documentación que presentó la compañía fueron determinantes en la decisión judicial.
Siete años después, otro real decreto convalidó el permiso otorgado inicialmente, por lo que se reactivó la concesión. En mayo de 2014, el Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno al estudio de impacto medioambiental y el de Industria, Energía y Turismo, dirigido por José Manuel Soria, emitió en agosto de ese mismo año la autorización definitiva para las prospecciones. El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, sostiene, contra la aseveración de Repsol y el Estado, que la tramitación de 2001 "no tiene nada que ver " con esta, por lo que entiende que no se puede contar el tiempo consumido por la petrolera desde el primer permiso.
Oleada de protestas
El inicio de los trabajos del buque Rowan Renaissance despertó una oleada de protestas en la sociedad isleña. Miles de canarios salieron a la calle en el verano de 2014 para decir "no al petróleo" en la mayor manifestación de las varias que se produjeron. La presión social no logró su objetivo y Repsol comenzó a perforar en noviembre de ese año.
En enero del ejercicio pasado, la petrolera se marchó de las Islas tras comprobar el fracaso de los sondeos. Ahora, tras emplear los seis años que el Estado le concedió para realizar la búsqueda de hidrocarburos, la compañía da por expirado el plazo y elabora, tal y como le exige la Ley de Hidrocarburos y la propia autorización, un informe justificativo de su inversión. Para ello tiene ahora un plazo de 60 días.
Barea cree que Repsol mantiene esta posición por el "brutal deterioro" de su imagen tras su paso por el Archipiélago. "Quieren terminar con esto", subraya, "pero hay que exigir la revocación de los permisos porque aún están vigentes". Para evitar que se produzcan nuevos sondeos, Greenpeace solicita que el espacio marítimo que rodea a las islas orientales sea protegido como un santuario de cetáceos. Cruz considera, por su parte, que el anuncio de la caducidad de la autorización es una "nube de humo del PP". A su juicio, unas posibles elecciones generales en junio impulsan a los populares a lanzar estas noticias, pero advierte que la "amenaza de las prospecciones" aún sigue latente.
Sea como fuere, el Ejecutivo regional quiere entablar conversaciones con el Estado para adquirir capacidad de decisión ante futuros sondeos y, por ende, poder bloquearlos. Pedro Ortega, consejero regional de Economía e Industria, señaló ayer que no hay una fecha fijada para el inicio de las negociaciones, pero admitió que se trata de un "deseo" porque cualquier región querría tener todo su entorno bajo su autoridad.
