07 de abril de 2016
07.04.2016

Marruecos expulsa a cinco abogados, entre ellos una letrada canaria

Habían llegado a Rabat para solidarizarse con los presos saharauis del llamado "grupo de Gdaim Izik", que protagonizaron una huelga de hambre durante el mes de marzo y hasta el 5 de abril

07.04.2016 | 12:01

El Gobierno de Marruecos expulsó este jueves del país a cinco abogados españoles, entre ellos la canaria Nieves Cuba, dos franceses y una belga que habían llegado a Rabat para solidarizarse con los presos saharauis del llamado "grupo de Gdaim Izik", que protagonizaron una huelga de hambre durante el mes de marzo y hasta el 5 de abril.

La Wilaya (gobierno civil) de Rabat acusó en un comunicado a los abogados, pertenecientes al Colectivo internacional de abogados en apoyo a los detenidos de Gdaim Izik, de "entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público".

Fuentes del bufete de abogados de la letrada canaria, han indicado a Efe que Nieves Cubas figura entre los detenidos

Los ocho abogados fueron detenidos ayer por la tarde en su hotel de Rabat y la policía decretó su expulsión administrativa "de acuerdo con la ley 02-03 relativa a la estancia de extranjeros", sin dar otros detalles.

Los abogados españoles procedentes de Canarias, Andalucía y Aragón se encontraban en el hotel Buregreb de la capital cuando apareció la policía y les comunicó su expulsión.

Sin embargo, la intervención del Consulado español en Rabat retrasó la expulsión hasta la mañana de hoy, dijeron a Efe fuentes de la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Jesús Martín, del Colegio de Abogados de Andalucía y que forma parte del grupo de los expulsados, dijo a Efe que la policía estuvo con ellos toda la noche en el hotel y los escoltó hoy hasta el Aeropuerto de Casablanca para asegurarse de su partida.

Los trece presos del Grupo de Gdaim Izik, el campamento de las afueras de El Aaiun que en 2011 fue escenario de violentos disturbios, se habían declarado en huelga de hambre para exigir un nuevo juicio por considerar que el anterior, celebrado en 2013 en un Tribunal Militar y que los condenó a penas de entre 25 años y la perpetuidad, había carecido de todas las garantías jurídicas.

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