Cientos de personas duermen en las calles, plazas, barrancos y albergues de las Islas. La exclusión social es una cruda realidad en el Archipiélago, donde varias organizaciones humanitarias y administraciones luchan para erradicar esta situación de marginalidad y dignificar a los sin techo. El Gobierno de Canarias ha colocado los cimientos para poner en marcha un censo de personas sin hogar y de instalaciones y servicios disponibles, con el objetivo de unificar recursos, establecer sinergias y optimizar los fondos públicos. Ante el baile de cifras que manejan instituciones y colectivos, la idea es elaborar un "mapa real" para coordinar acciones e impulsar una estrategia conjunta en el Archipiélago, encaminada a mejorar la calidad de vida y la atención de este colectivo vulnerable.
El Ejecutivo regional ve necesario disponer "cuanto antes" de un diagnóstico "claro" sobre este fenómeno. Para el comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Néstor Hernández, lo primero es conocer a quiénes afecta este problema, cuántos son y cuáles son sus perfiles, ya que la casuística es múltiple, desde aquellos que sufren adicciones o algún tipo de patología mental hasta quienes no cuentan con una red de apoyo familiar o social. En función de cada caso recibirán atención sanitaria, asistencial, psicológica o de inclusión social.
La atención a personas en riesgo de exclusión social es competencia municipal, pero para el Gobierno se antepone la "solidaridad" ya que los ayuntamientos se ven "desbordados", especialmente en las áreas metropolitanas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
En este sentido, para llevar a cabo esta tarea de aunar esfuerzos el Ejecutivo requiere la colaboración de los municipios y las ONG para realizar un cálculo del número de personas sin vivienda, y un listado de recursos dirigidos a la atención y acogida. Se trata de evitar duplicidades y cruzar todo tipo de datos que permitan averiguar con mayor exactitud los afectados.
Eficacia
La iniciativa cuenta con el respaldo de las entidades sociales y el compromiso de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que elaborará "una ficha tipo" y la distribuirá entre los consistorios para, de esa manera, recabar información y crear un censo de personas sin hogar que pueda actualizarse "permanentemente". Este instrumento será de "gran utilidad" para todas las instituciones y servirá para "racionalizar el conjunto de ayudas y ser más eficaces", aseguró Hernández.
Otra de las propuesta es constituir un registro único que aglutine todos los recursos y servicios activos en las Islas.
El Gobierno de Canarias destinó en 2015 casi 1,7 millones de euros a cerca de una decena de organizaciones no gubernamentales para programas de atención a personas sin casa, explicó Hernández, quien criticó que la estrategia nacional integral para personas sin hogar 2015-2020, que aprobó en noviembre el Gobierno del PP, no recoge ficha financiera alguna. No obstante, consideró que el debate sobre la asistencia a los sin techo debe estar "fuera de la discusión política".
En ello coincidió el presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, Jesús García Barriga, quien lamenta que cada vez que hay un cambio de partido en una administración se "tira a la papelera" todo el trabajo realizado hasta el momento en favor de este colectivo. "Sobre todo cuando hay elecciones próximas los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno se ponen a hacer planes y mesas de trabajo, todos quieren sacar rentabilidad política", afeó el religioso, quien reclamó emprender una política a largo plazo, "con continuidad, independientemente de quién gobierne".
El modelo
El portavoz de la Plataforma por la Dignidad, Eloy Cuadra, comparte la estrategia estatal que aboga por pisos tutelados y viviendas unifamiliares, "en sustitución de los albergues, que reproducen situaciones de marginalidad y señalamiento". Considera que este modelo se sigue en otras zonas de Europa desde hace años y demuestra que una persona sin hogar "se reinserta mejor en la sociedad viviendo en pisos compartidos con tres o cuatro personas, con un seguimiento y control y, además, es más económico que un albergue". Asimismo, criticó que el "sinhogarismo" se contradice con la existencia de "100.000 viviendas vacías en el mercado libre en Canarias".
En la misma línea se posicionó el director de Cáritas en la provincia tinerfeña, Leonardo Ruiz, quien ve necesario "dotar a las personas sin hogar de una normalización total y sacarlos de la exclusión", algo que pasa por "no seguir albergándolos en casas de acogida y no crear más macrocentros, eso es obsoleto". Ruiz, que aboga también por ofrecer viviendas que puedan compartir estas personas, reconoció que es muy complicado saber el número de indigentes en las Islas, pero se pueden obtener datos aproximados basados en quienes pernoctan en albergues y casas de acogida. Añadió que por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife duermen en la calle unas 50 personas porque no tienen cabida en los centros asistenciales y un 10% rechazan todo tipo de atención.
"Ayudar a salir de la marginalidad y atender la pobreza implica a toda la sociedad y debe estar coordinado por el Gobierno de Canarias, que debe hacer un análisis en profundidad, ya que si cada uno va por su lado sólo son parches", subrayó, por su parte, el presidente regional de Cruz Roja, Gerardo Mesa.
