La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria que remita una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación por el jefe y portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales.
El ministerio público ha informado a favor de remitir la pieza separada incoada por la juez Carla Vallejo porque considera que Alba ha podido asesorar de manera ilegal al empresario Miguel Ángel Ramírez, con la finalidad de preparar una declaración judicial para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell y facilitar la anulación del procedimiento por fraude fiscal en el que está imputado el propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas.
La Fiscalía, tras analizar la grabación de una reunión entre Alba y Ramírez previa a la declaración, entiende que el juez ha podido incurrir en un delito del artículo 441 del Código Penal, con penas de multa de seis a doce meses y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.
Se trata del mismo artículo al que la Fiscalía de Canarias apeló para acusar al entonces presidente de la Audiencia de Las Palmas José Antonio Martín. El TSJC condenó en 2009 al magistrado por asesorar jurídicamente a un narcotraficante para pedir la libertad bajo fianza, pero el Tribunal Supremo (TS) revocó la sentencia y absolvió a Martín, que había sido condenado a un año y seis meses de suspensión, así como a pagar una multa de 7.200 euros. Eso motivó su regreso a la Audiencia como presidente de la Sección Primera, pero en abril de 2010, poco antes de cumplir la edad de jubilación (70 años), el Consejo General del Poder Judicial lo expulsó de la carrera por cuatro faltas muy graves, todas relacionadas con esa polémica vista en le que Rafael Bornia pidió salir de la cárcel. El caso volvió a dar otra pirueta en 2012, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló la expulsión del juez porque el CGPJ excedió el plazo de seis meses para investigarle.
La sentencia absolutoria respetó los hechos probados, pero exculpó a Martín porque su actuación no encajaba en el tipo penal invocado. El abogado defensor, Nicolás González-Cuellar, argumentó con éxito que no se trataba de un "asesoramiento accidental" en el sentido de la condena, sino sólo en la medida que lo permite la ley, esto es, para "orientar" la actuación de las partes. El Supremo, con anterioridad, había archivado una causa similar contra María Emilia Casas, entonces presidenta del Tribunal Constitucional, en este caso por llamar a una abogada que tenía el teléfono intervenido por la Guardia Civil e indicarle lo que tenía que hacer en un pleito.
La Fiscalía ha tenido presente estos dos antecedentes, sobre el de Martín, antes de vincular la actuación de Alba con el delito de negociaciones prohibidas, pero entiende que el supuesto asesoramiento prestado por el magistrado es más explícito que los anteriores, hasta el extremo de preparar el interrogatorio judicial al pactar las preguntas y las respuestas.
En esa comparecencia, Ramírez reveló que tenía vínculos comerciales con la paraje de Rosell, el periodista Carlos Sosa, pero el pasado 11 de mayo, tras la salida de Alba del juzgado y la llegada al mismo de Carla Vallejo, el empresario presentó la grabación de una reunión para escenificar que la declaración estaba amañada.
Eso, en síntesis, es lo que deberá investigar la Sala de lo Penal del TSJC si finalmente abre diligencias previas contra Alba. Tras el dictamen de la Fiscalía, la actual responsable de Instrucción 8, Carla Vallejo, elevará a sus superiores una exposición razonada sobre los motivos por los que considera pertinente abrir esa investigación. Según las fuentes consultadas, es probable que Vallejo no se ciña a la recomendación de la Fiscalía, sino que incluya otros delitos, entre ellos prevaricación.
Alba compaginó su labor en la Audiencia con el juzgado durante seis meses para cubrir temporalmente la vacante de Rosell, anterior responsable de la causa penal por fraude fiscal que afecta al propietario del Grupo Ralons y presidente de UD Las Palmas.
Rosell dejó el Juzgado de Instrucción número 8 para concurrir a las elecciones generales y ha solicitado incorporarse a su plaza, aunque es posible que vuelva a pedir la excedencia para repetir como cabeza de lista de Podemos en la provincia de Las Palmas. Su regreso desplazaría a Vallejo, que concursó a la plaza y sustituyó a Alba, el magistrado sobre al que ha abierto una pieza separada por ese controvertido interrogatorio.
