El Gobierno de Canarias ha aprobado un plan parcial para reordenar su personal, recuperar el empleo público y frenar su descenso en casi ocho años. Desde 2009 el número de efectivos en la Comunidad Autónoma ha caído en picado, con 3.657 personas menos hasta contabilizar 58.069 trabajadores, según el último boletín estadístico de julio de 2015, que maneja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Esta sangría en el empleo público se produce desde el inicio de la crisis, debido a que los sucesivos gobiernos del Estado han venido "imponiendo" a las regiones importantes recortes en sus plantillas, lo que ha provocado "una reducción significativa del número de empleados públicos, sin posibilidad, en la mayoría de los casos de reposición", afirmó ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
Tanto su departamento como el que dirige el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, pretenden adoptar medidas de carácter inmediato para poner freno a la "descapitalización" de recursos humanos dentro del ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Así, Dávila avanzó que a lo largo de estas semanas se presentarán iniciativas concretas, tales como la posibilidad de prolongar de forma voluntaria la permanencia en el servicio activo de los funcionarios que lo soliciten, y la convocatoria durante este año de la oferta de empleo público (OPE) que se aprobó en 2015, que incluye 141 plazas de nuevo ingreso para el ámbito de Administración General, así como la oferta de 154 plazas para promoción interna.
A ello se suma la autorización para que funcionarios de la Administración General pasen a desempeñar puestos en comisión de servicio en otras instituciones, una medida excepcional.
Las tasas de reposición de los últimos años han sido bajas, pues primero fueron del 10% (2013 y 2014); después, del 50% (2015), y finalmente del 100% (2016) para los servicios declarados prioritarios o esenciales, en la senda establecida por las leyes de presupuesto del Estado, que con carácter básico han venido estableciendo los parámetros de reposición, destacó el Ejecutivo autonómico.
En cambio, el resto de servicios no declarados esenciales o prioritarios han visto mermadas sus plantillas. De hecho, "esta descapitalización ha sido alarmante, pues ha colocado a algunos sectores en una auténtica situación de riesgo", alertó Afonso.
En concreto, en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 2015 abandonaron el sistema 173 funcionarios por jubilación forzosa, por incapacidad, voluntaria, excedencias voluntarias de diferentes tipos y por fallecimiento. Frente a ese abandono se incorporaron tan sólo 21 funcionarios de carácter interino para ocupar puestos vacantes, siendo similares las cifras de los años anteriores.
Tras su reunión de ayer, el Ejecutivo ha decidido dar cobertura a un centenar de plazas vacantes que se encuentran dentro de los sectores prioritarios, donde figuran fundamentalmente los servicios transversales como Intervención, Certificación de Fondos, Función Pública y Agencia Tributaria Canaria, entre otros.
En este sentido, el Ejecutivo va a aprobar la dotación económica de estos puestos de trabajo para que "sean cubiertos de forma inmediata con personal interino", a través de las lista de reserva y, con posterioridad, será convocada la OPE cuantificada en unos cinco millones de euros.
Dávila responsabilizó al Estado de la destrucción de empleos en los servicios generales de la administración regional, debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que "obligaba a restricciones en el capítulo uno de personal en las distintas administraciones". "Estamos en un nuevo escenario donde queremos volver a capitalizar los recursos humanos de la Comunidad Autónoma", subrayó la titular de Hacienda.
