Los cerca de 150 trabajadores que forman parte de la plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) votan hoy en los centros que posee la empresa pública en Gran Canaria y Tenerife la última propuesta lanzada por la dirección para evitar seguir adelante con el expediente de disolución de la sociedad dependiente del Gobierno regional. Sobre el futuro del ITC pende el resultado de esta votación, ya que se contemplan nuevas reducciones de los salarios de la plantilla para este año y el que viene o, en caso contrario, continuar con el proceso que desembocaría en la liquidación de la empresa.

La propuesta consiste en una reducción del 13,3% en los salarios desde el momento de la firma del acuerdo hasta febrero del próximo año. Además, los trabajadores soportarían un recorte del 4% adicional en 2016 y 2017, correspondiente al devengo de pagas extraordinarias, lo que supondría cobrar un 17,3% menos durante los próximos seis meses. La bajada se establece en relación a los sueldos iniciales, que el personal había recuperado desde comienzos de este año al vencer el anterior acuerdo con la dirección, que a su vez había implicado una disminución de las retribuciones cercana al 14% durante los dos últimos ejercicios.

Sin embargo, tanto el sindicato CCOO como el comité de empresa advierten que esta reducción de la masa salarial no garantiza que no se mantenga el objetivo del Ejecutivo de desmantelar el ITC, reducir la plantilla o reducir el presupuesto que aporta la Comunidad Autónoma para la viabilidad de la empresa de investigación y desarrollo.

Según los representantes de los trabajadores la reducción salarial supondrá disminuir el gasto en 1,2 millones de euros en dos años (800.000 euros en 2016 y 400.000 euros en 2017), lo que tampoco solucionaría el déficit acumulado que la dirección de la empresa y el Gobierno han cifrado en al menos dos millones de euros.

Pese a la votación que se realizará a lo largo del día de hoy, CCOO lanzó el sábado un duro comunicado en el que acusa a la gerencia de la empresa y al Gobierno regional de "mala fe negociadora" por poner a los trabajadores entre la espada y la pared.