La Agrupación Socialista Gomera (ASG) fue ayer la única fuerza política, además de CC y PSOE, que dio el visto bueno al informe propuesto por los grupos que sustentan al Gobierno canario y que describe el marco constitucional y estatutario vigente al que se debe ajustar la reforma electoral que se estudia en el Parlamento autonómico. Por el contrario, Nueva Canarias y Podemos votaron en contra a este informe porque consideran que interpreta el marco jurídico de manera partidista y sesgada y presentaron otro documento elaborado por la plataforma Demócratas por el Cambio, que fue rechazado por CC y PSOE y ante el cual PP y ASG se abstuvieron.
La portavoz del PP, Australia Navarro, indicó que de lo que se trataba en esta ponencia de la comisión de estudio sobre la reforma electoral era de recoger un marco normativo sin hacer interpretaciones, pues recalcó que es a los expertos a los que les corresponde realizarlas.
El PP votó en contra al informe de CC y PSOE porque hace muchas interpretaciones que ambos partidos "se negaron" a quitar, explicó Navarro, quien lamentó que no se haya podido llegar a un texto único, aunque socialistas y nacionalistas hayan incluido algunas aportaciones del informe de Demócratas por el Cambio.
La portavoz popular denunció que, en su informe, CC y PSOE aseguran que sólo si se modifica previamente el Estatuto de Autonomía se puede crear una circunscripción electoral autonómica, lo que "no se dice en ningún lado". Tampoco está escrito, según el PP, que para cambiar el número de diputados haya que modificar de forma previa el Estatuto.
La diputada de Podemos Concepción Monzón se quejó también de que el informe aprobado interpreta el marco jurídico de manera partidista y sesgada. Sobre el informe alternativo presentado por su grupo y Nueva Canarias, expuso que pone todo el articulado, no solo una parte, y amplía el documento con normativa a nivel europeo. El diputado de NC, Román Rodríguez, denunció que el informe propuesto por CC y el PSOE realiza reflexiones interesadas, ya que, por ejemplo, la estabilidad parlamentaria no es un principio básico de la Constitución sino una opinión política.
