Retomar el curso tras las vacaciones no resulta fácil para los cientos de miles de alumnos que han vuelto o están volviendo estos días a las aulas en Canarias. Tampoco para quienes tienen la responsabilidad de instruirlos. Pero hacerlo en un clima de incertidumbre, tensión o escasez de recursos, lo hace todavía más difícil.
Este es el panorama que se han encontrado los profesionales canarios de dos de los sectores que miden el nivel de bienestar de una sociedad: la salud y la enseñanza. Tras cinco años de recortes continuos, el deterioro de los servicios esenciales se hace cada vez más evidente en las islas. Y el nivel de malestar crece.
Canarias lleva ya seis largos años figurando en el penúltimo puesto del informe anual de la Federación de Asociaciones por la Defensa de una Sanidad Pública (FADSP), que compara la atención que prestan las diferentes comunidades autónomas. Y concluye que "Canarias tiene, junto a Valencia y Cataluña, el peor sistema sanitario de España".
Y no por casualidad: durante el período más duro de la crisis ha sido la región cuyos servicios públicos esenciales han estado peor financiados. Sólo en 2013, según análisis del BBVA, recibió 846 euros por persona para educación; 1.332 para sanidad y 3.074 en protección social. La suma asciende a 5.252 euros/per cápita, la última del conjunto de comunidades autónomas.
Repartir la escasez
Sanidad y Educación acaparan más de la mitad del presupuesto regional, con 2.500 y 1.500 millones respectivamente. El incremento del 2,5% y del1% respecto al año anterior no sólo no cubre las necesidades de financiación que no aporta el Estado, sino que el gasto educativo y sanitario sigue por debajo del registrado en las cuentas canarias en 2009, antes de la crisis.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, lo expresó muy claro en la presentación de los presupuestos en el Parlamento: "El actual sistema de financiación autonómica, desde que se aprobó en 2009 hasta el 2013, ha dejado una pérdida para Canarias de más de 3. 436 millones de euros". Y añadió: "Si no tuviéramos esa insuficiencia, el actual presupuesto del 2016 debería disponer, si estuviéramos en la media, de 430 millones de euros para nuestros servicios básicos".
Pese a la contundencia de estos datos, el Ejecutivo autónomo se ha aplicado al máximo en el cumplimiento del objetivo del déficit, y ha sido de las pocas comunidades autónomas que decidió no endeudarse. Con el mismo rigor, ha encendido ahora las señales de alarma ante el desvío del gasto detectado en Sanidad, de 50 millones de euros y que podría llegar a los 150 millones al finalizar el año, "para evitar incumplir con el déficit".
Las críticas del presidente del Gobierno de Canarias a los gerentes de los hospitales, responsabilizándolos de ineficiencia en el gasto, ha sentado como un jarro de agua fría en el sector. Y ha provocado reacciones en cadena en sindicatos y colectivos sanitarios: médicos o enfermeros. Ya los usuarios del Servicio Canario de Salud, en diversos niveles y especialidades, venían protagonizando quejas y protestas por lo que consideran un creciente desatención sanitaria. Una percepción que está disparando la suscripción de seguros privados en todo el país. Islas como Fuerteventura han llegado a situaciones límites -no hay oncólogo estable-, hasta el punto que las principales instituciones se han sumado a la manifestación convocada para el próximo día 23 por los usuarios.
El crecimiento continuo del gasto sanitario no se produce solo en Canarias. Es una dinámica común en las economías avanzadas, hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud constata un incremento del 3% del PIB en 1970 al 7% actual de promedio mundial. Crece por diversas causas y entre ellas destaca el aumento de la población, por una presión migratoria, o su envejecimiento. Canarias ha sufrido el impacto de ambos fenómenos: en los últimos lustros y hasta el parón de la crisis, recibió una avalancha de inmigrantes que afectó a sus servicios sanitarios. Pero además, por vez primera en su historia el número de mayores acaba de superar al de menores. Según el dato que acaba de hacer público el INE, ya hay 101 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Un índice de envejecimiento que es aún superior en el resto de España (116%).
También envejecen las plantillas de los docentes, tanto de la enseñanza universitaria como no universitaria. Un sector que ha comenzado el curso escolar con la misma inquietud que el sanitario respecto a la escasa financiación, y la incertidumbre de una reforma educativa que se ha quedado a medias y a la que se oponen ocho de cada diez docentes, según una última encuesta publicada el pasado mes de agosto.
Hasta un dato positivo como es la diminución del abandono escolar ofrece otra lectura nada optimista. Respecto a 2006, España ha reducido en diez puntos la tasa de desescolarización -jóvenes entre 18 y 24 años que solo consiguen aprobar la ESO-. En 2008 se situaba en el 30% y a fecha de hoy en el 19,7% (21% en Canarias). El Gobierno lo achaca a la LOMCE y a su apuesta por la FP, pero diversos expertos explican que cuando los jóvenes dejan de tener alternativas laborales se quedan o retornan a los estudios. Y frente a la versión del ministro Iñigo Méndez de Vigo: "Si seguimos así, vamos en buena dirección", sostienen que "el abandono escolar registra sus mejores datos gracias al paro y la crisis".
En el conjunto del país, los recortes han reducido las plantillas en 40.000 sanitarios y 20.000 docentes. Y en Canarias amenazan con tensar aún más las relaciones entre pacientes, sanitarios y los socios de un Gobierno que no comparte diagnóstico.
