Ruymán Tanausú Torres Pérez, exletrado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aseguró ayer que parte de los terrenos que el Consistorio compró a Inversiones Las Teresitas (ILT) en 2001 por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) ya se encontraban entonces inventariadas como propiedades públicas municipales. Esto es, que eran ya del Ayuntamiento , y lo eran desde 1967. En base a esta declaración, la Corporación local compró a la empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González unos terrenos que ya le pertenecían, como venía sosteniendo la Fiscalía Anticorrupción en su investigación por la operación de compraventa de 11 parcelas en el frente de la playa de Las Teresitas y que ha calificado como un "pelotazo de libro".
El testimonio del exabogado de la corporación local se produjo en la quinta sesión que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que sienta en el banquillo a trece personas, entre ellas, el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria), los dos empresarios ya citados, los exediles Emilio José Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), así como otros funcionarios y técnicos municipales a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Según relató Torres Pérez, fue en noviembre de 2011 cuando en el transcurso de la preparación de la querella civil que habían presentado los empresarios de ILT al Ayuntamiento tras la sentencia del Tribunal Supremo, que anulaba en 2007 la operación de compraventa, pudo acceder al expediente de compra y el convenio de las Teresitas aprobado en 2001. "A raíz de unas incidencias en Urbanismo, encontramos un requerimiento del 22 de agosto de 2001 por una deuda de 11 millones de pesetas de la Junta de Compensación" -que había vendido en 1998 las parcelas del frente de playa y del Valle Las Huertas a ILT por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros)-. El técnico explica que dicho requerimiento "no se había incorporado al expediente de compraventa de 2001 y "debía estar unido" pues hacía referencia a una deuda contraída con el Consistorio después de que en 1967 los propietarios de las parcelas agrupados en la Junta de Compensación hubieran cedido sus terrenos a cambio de 50 millones de pesetas para ejecutar las obras para el acondicionamiento de la playa, ya que la Junta carecía de fondos. Dicha actuación correspondía a partes iguales al Cabildo, el Ayuntamiento y la propia Junta, presupuestada en 146 millones.
La Junta debía abonar los 50 millones de pesetas en dos años para recuperar las parcelas, sin embargo, solo pagaron 39 millones. El abogado señala que según fue comprobando en el Inventario de bienes municipales, "habían cinco o seis fichas con terrenos que se solapaban y que habían sido cedidas por la Junta al Ayuntamiento en virtud de dicho acuerdo de cesión".
Por ello, el letrado solicitó el expediente al Área de Patrimonio, que leremitió "meses después" unas "copias simples del acuerdo de 1967". El abogado, que dejo de prestar sus servicios al Ayuntamiento santacrucero en mayo de 2015, señaló que "todos los expedientes referidos a Las Teresitas, desde el plan de 1967, pasando por el convenio de 1986 hasta la compraventa de 2001, se encontraban bajo llave en dos armarios del despacho del secretario de Urbanismo Víctor Reyes -que sería cesado de sus funciones en marzo de 2015 y está acusado en este proceso-.
Anotaciones en rojo
Torres Pérez dijo que "el expediente estaba subrayado en lápiz rojo y azul y anotaciones al margen, desprendiéndose de aquellos apuntes que los terrenos podían ser del Ayuntamiento, pero no se sabía qué relevancia podía tener".
Por ello, acudieron al alcalde, José Manuel Bermúdez, quien mandó averiguar qué había pasado con esos 11 millones de pesetas. "Por vía ejecutiva nunca se cobró y en Tesorería constaba que la deuda había sido dada de baja por incobrable". Dichas liquidaciones y notificaciones reclamando la deuda a la Junta de Compensación estaban guardadas en una caja de caudales, junto a otra documentación relacionada con los antiguos propietarios de los terrenos. "Las reclamaciones dan a entender que se sabía" que los terrenos adquiridos a Plasencia y González "pudieran ser de titularidad municipal", espetó.
Tras reunir toda la información, el alcalde lo puso en conocimiento de la Fiscalía, según relató.
El abogado también reveló que el Ayuntamiento "podía haber optado, antes de comprar las parcelas por 52,5 millones de euros a ILT, por modificar el planeamiento como hizo en 2004, subdividir el polígono en dos ámbitos y donde el primero [frente de playa] darle carácter de actuación pública y haberlos expropiado". "Era viable jurídicamente".
El también abogado Mauricio Hayek compareció antes que Torres Pérez en calidad de testigo, aunque se encuentra encartado en otra pieza separada del caso Las Teresitas por presunta apropiación indebida y falsificación de documentos públicos. Durante su testifical, y a preguntas de la fiscal María Farnés, Hayek intentó convertir su declaración en un careo con la representante del Ministerio Público, por lo que fue cortado y apercibido en varias ocasiones por el magistrado presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete.
Hayek sostuvo que los terrenos habían sido revertidos a sus propietarios originales de la Junta de Compensación porque la deuda de 50 millones de pesetas al Ayuntamiento había sido saldada. Señaló que el convenio firmado en 1986 entre ambas partes "dejó sin efecto la cesión de 1967 porque los 11 millones de pesetas que faltaban por pagar se liquidaron mediante un aval del Banco Popular de febrero de 1988 por 12.864.620 pesetas. Aseguró que ese aval nunca ha sido ejecutado por el Ayuntamiento.
Sin embargo, la fiscal sostiene que dicha cantidad nada tiene que ver con la deuda y que en realidad corresponde con el 6% de las obras a las que la Junta se comprometió acometer por el convenio de 1986.
