La Comisión de Garantías Democráticas estatal de Podemos ha contestado a las denuncias que, desde el partido en Canarias, le han llegado sobre la "reiterada incomunicación y rebeldía" hacia los órganos regionales de la formación del vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito. El informe suscrito por Pablo Fernández Alarcón, instructor del expediente y responsable del área ética y validación de esta comisión, insta al Consejo de Coordinación de Canarias, dirigido por Meri Pita, a que inicie un expediente disciplinario y suspenda cautelarmente de sus derechos como inscrito y de cualquier portavocía o representación orgánica a Brito.
Censura su actitud "deliberada, permanente y prolongada en el tiempo de desafío constante al partido" en las Islas y sus "desplantes y falta de información a todos los niveles", con un comportamiento "desvinculado" de la organización y como si los órganos de Podemos "a nivel autonómico, insular y municipal no existiesen".
Reunión de urgencia
El Consejo de Coordinación de Canarias -compuesto por los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico que tienen secretarías (participación, organización, igualdad, políticas públicas, o análisis y programas, entre otras),- se reunió ayer por la tarde de urgencia tras recibir el expediente del partido estatal y acordó, por unanimidad, iniciar la apertura del expediente sancionador y la suspensión cautelar de militancia. El acuerdo será comunicado de nuevo a la Comisión de Garantías para que tome una decisión definitiva. Brito tiene ahora un plazo de quince días para presentar alegaciones ante dicha comisión estatal.
Los enfrentamientos entre Brito y Meri Pita, y con dirigentes del entorno de la secretaria general de Podemos en Canarias, como el concejal de la capital grancanaria, Javier Doreste, han sido sonados y están, incluso, en los tribunales. La Comisión de Garantías se pone, en principio, de parte de Pita, al solicitar al Consejo de Coordinación de Canarias que incoe el expediente sancionador a Juan Manuel Brito. Pablo Fernández Alarcón realiza una amplia exposición en el informe, con siete circunstancias que pueden incumplir el código ético. Entre ellas, habla de la decisión de Brito de eliminar a las cabras sueltas que campaban por espacios naturales de Gran Canaria, o que no apoyara la huelga de la Orquesta Filarmónica de esta Isla, cuestiones ambas contrarias a los pronunciamientos públicos de la dirección de Podemos en Canarias.
Nepotismo
Especialmente llamativa es una de las denuncias en su contra, referente a un presunto nepotismo en favor de su pareja sentimental, Noemí Parra. Se recuerda en el expediente que si bien Parra renunció al cargo en el área igualdad del Cabildo, tras el revuelo público por la designación a dedo de este nombramiento -promovido por la consejera insular de Podemos, María Nebot-, se siguen recibiendo "denuncias" según las cuales el también consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana habría "desatendido toda posible consecuencia negativa para la imagen de Podemos" con "ventajas y provechos" a Parra por parte de la corporación insular de la que es vicepresidente. "Y así, la asociación Acción Red de Canarias, de la que formaron parte Parra y Brito, ejerciendo este último como portavoz, ha recibido del Cabildo de Gran Canaria 23.382 euros, publicándose en fecha de 23 de septiembre de 2016 la resolución definitiva". Para el instructor del expediente, este hecho "puede ser utilizado en contra de la credibilidad de Podemos, si tuviese trascendencia pública", subraya, "lo que, habida cuenta de los antecedentes en relación con el nombramiento de Parra, coloca a la organización en una situación delicada", y, además, Brito no ha "facilitado explicación ni información alguna sobre el particular a la organización política a la que representa ante la opinión pública en el Cabildo insular". Cabe recordar que el concejal de Podemos, Javier Doreste, denunció públicamente que la actuaciones de su compañero de partido en la institución grancanaria se situaban "cercanas a la corrupción", al actuar con nepotismo y estar contratando a personal de confianza como "comisarios políticos" para controlar a los funcionarios y a la administración, además de dar "extrañas subvenciones". Brito respondió el pasado 21 de octubre con la presentación de una querella por injurias.
También es llamativa la profusión de detalles en el expediente sobre las distintas quejas a Brito, como, por ejemplo, en el caso de las cabras. El instructor expone que el consejero adoptó una decisión independiente a la dirección en Canarias, al decretar las batidas a tiros que acabaron con 213 cabras, en distintas campañas, que campaban por los espacios naturales de Gran Canaria. "Ante el clamor social por la falta de sensibilidad al decretar directamente la matanza de animales", Brito acordó que se realizasen atrapadas de ganado guanil en vez de su abatimiento, consta en el informe. Pese a la posición de su partido contrario al maltrato y sufrimiento animal, el consejero de Medio Ambiente prescindió, durante meses, "totalmente del criterio y principios políticos de la organización" al abatir a las cabras, con el consiguiente daño a la "credibilidad" de la formación morada.
El apoyo de Juan Manuel Brito a la expansión de Sí Se Puede de Tenerife a la provincia de Las Palmas, como formación autonóma a Podemos y con la que concurrió a las elecciones regionales, es otra de las cuestiones que se critica. Se sostiene en el expediente que el vicepresidente no informó de su intención y la credibilidad del partido podría quedar en entredicho si se permite que un cargo público gracias a Podemos impulse intereses ajenos.
