El reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) por el Consejo de Gobierno bajo el principio de la triple paridad reabre la crisis entre los socios. El acuerdo se aprobó sólo con el apoyo de Coalición Canaria tras la decisión de los cuatro consejeros del PSOE de ausentarse de la reunión por disconformidad con la distribución territorial de los 160 millones anuales -hasta 2025- correspondientes a la devolución estatal del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas (ITE) que nutren el Fondo.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, el socialista Aarón Afonso, denunció que la decisión adoptada "incumple tanto los acuerdos internos del Gobierno como el repacto", en referencia a la adenda de la alianza firmada a principios de noviembre entre CC y PSOE para zanjar la crisis desatada a raíz de la moción de censura en Granadilla de Abona. Precisamente, la polémica por el reparto del Fdcan se produce después de que el domingo expirara, sin éxito, el plazo concedido a los nacionalistas para que facilitaran alcaldías socialistas en Puerto de la Cruz y Arico.
"Es una situación grave y genera inestabilidad", advirtió Afonso sobre la distribución del ITE al considerar que "no sienta las bases para empezar a cambiar el modelo productivo ni favorece el desarrollo económico de las Islas", tal y como se planteó la filosofía del Fdcan. Por ello, la vicepresidenta y consejera Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández; la titular de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón; y de Sanidad, Jesús Morera; además de Afonso, trasladaron su crítica a la Comisión Gestora del PSOE en Canarias, designada ayer por el homólogo órgano federal del partido, para solicitar la reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto.
"Sin relación causa efecto"
"Quiero pensar que no hay ninguna relación causa efecto entre lo ocurrido en la reunión para sacar adelante los fondos y lo ocurrido en Arico y Puerto de la Cruz", declaró el viceconsejero de Presidencia, el nacionalista José Miguel Barragán, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Tras confiar en la continuidad del pacto -ayer mismo se anunció la apertura de expediente disciplinarios a los concejales de los dos municipios tinerfeños que han desoído las órdenes del partido- , Barragán atribuyó la elección del principio de triple paridad, que denominó "distribución territorial del Parlamento de Canarias", a que garantiza "un equilibrio más proporcional" entre las islas que, por ejemplo, el Régimen Económico y Fiscal (REF), sistema que había propuesto el Cabildo de Gran Canaria y que finalmente fue descartado por favorecer a las islas capitalinas por su mayor población.
Con la triple paridad obtienen lo mismo Las Palmas que Santa Cruz de Tenerife, igual que la cantidad que suman las islas capitalinas (que es la misma) con las menores de las respectivas provincias.
Además de defender la "solidaridad" de la distribución, el viceconsejero fundamentó el acuerdo en la necesidad de no retrasar más la decisión para "no poner en peligro todos los recursos de 2016", pendientes ahora de la firma antes del 31 de diciembre de los correspondientes convenios con cabildos, ayuntamientos y universidades.
Igualmente, Barragán se extrañó del abandono socialista ya que hasta el momento de la votación en el Consejo de Gobierno ninguno de sus consejeros había mostrado discrepancias en ninguna de las reuniones anterior del Comité de Selección de los proyectos del Fdcan. Sólo el representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández (NC) manifestó ayer su oposición al criterio de la triple paridad, en el encuentro del Comité previo a la reunión del Ejecutivo. La polémica afecta al segundo eje del Fdcan, que suma el 75% de los recursos y se destina a infraestructuras.
El primer eje corresponde a I+D+i, representa el 5 % del total de los fondos y se reparte en función de la inversión media en el periodo comprendido de 2011 a 2017 de los capítulos 6 y 7 de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El tercer eje, que supone el 20% del total y se dedica a las políticas activas de empleo, también suscitó discrepancias, ya que el Gobierno excluyó a los cabildos de su gestión al considerar que esas competencias deben recaer en el Servicio Canario de Empleo, que gestiona Patricia Hernández. Mientras el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, también presente en el Comité de Selección, ve motivos políticos tras esa decisión, sindicatos y patronales la respaldaron. Así las cosas, la Consejería de Empleo recibirá 16 millones en 2016 y 32 millones el próximo año.
El Fdcan destinará a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento dos millones para la estrategia audiovisual, mientras que no se incluyen los proyectos propuestos por las consejerías de Sanidad y Obras Públicas por un importe total de 109 millones de euros. Casi un centenar correspondían al área dirigida por Ornella Chacón.
"En estado de shock y estupor", se declaró el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, el socialista Ángel Víctor Torres, que ve peligrar la financiación que se había incluido en el listado de Chacón para concluir el tramo pendiente de la carretera a La Aldea. El presidente de la corporación insular, Antonio Morales, que ya ha anunciado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno y no sólo por las carreteras. Morales se ha manifestado desde el inicio de las negociaciones para sacar adelante del Fondo en contra del uso de la triple paridad como criterio de reparto. Como primera medida el presidente grancanario ha convocado para hoy una asamblea de todos los alcaldes de la Isla a fin de consensuar una postura conjunta. Están descolgados de ese frente los ayuntamientos de Mogán, San Mateo y Firgas, que ya se habían desmarcado de la propuesta insular al Fondo y presentaron por su cuenta proyectos que lograron ayer financiación.
PP y NC coinciden en apuntar al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como el causante del "monumental lío montado con el reparto del Fdcan", en palabras de la secretaria general de los populares de Canarias, Australia Navarro. NC acusa directamente al jefe del Ejecutivo de utilizar el reparto para "ganarse adhesiones por puro clientelismo" político.
