Canarias inicia hoy la pugna negociadora por obtener al menos 700 millones de euros más al año para sostener los servicios públicos esenciales. La infrafinanciación de la sanidad, la educación y las políticas sociales que presta la Comunidad Autónoma es un factor que se arrastra desde hace más de una década, ya que tanto el actual sistema de financiación autonómica como el anterior a 2009 colocan a Canarias entre las comunidades con menos fondos de la tarta de los recursos del Estado.
Pero se trata de una negociación llena de obstáculos. La Conferencia de Presidentes convocada hoy en el Senado es sólo el primer paso que puede durar todo el año, en función de la voluntad negociadora de cada comunidad y la disposición a llegar a un acuerdo que satisfaga a todas. Sobre la mesa hay 100.000 millones de euros a repartir entre 15 comunidades autónomas -País Vasco y Navarra tienen su propio sistema- para financiar los servicios públicos que las regiones prestan a sus ciudadanos.
En 2014, último año cuyos datos ya ha publicado el Ministerio de Hacienda, Canarias recibió 4.115 millones de euros del sistema. Cerca de cinco de cada diez euros que ingresa la Comunidad Autónoma procede del sistema de financiación autonómica, alrededor del 49,4%. Aunque este porcentaje está por encima de comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña y Valencia, Canarias sí es la comunidad peor financiada por habitante, lo que lastra el coste que supone el mantenimiento de los servicios públicos para los 2,1 millones de residentes en el Archipiélago. Con los datos de 2014 sobre la mesa, cada canario recibe una media de 1.925,28 euros per cápita del Estado para sanidad, educación y políticas sociales. De esta forma, la diferencia entre la comunidad mejor financiada -Cantabria- y Canarias es de nada menos que 922,48 euros a favor de los cántabros, que reciben una media per cápita de 2.847,76 euros.
Corregir esta desproporción es el principal objetivo del Gobierno canario en las negociaciones que se abren hoy formalmente para modificar el sistema vigente desde 2009. Pero lo que necesita Canarias no es sólo una negociación política y técnica con los datos y las cifras en la mano, sino también la solidaridad del resto de comunidades, sobre todo de las más ricas. Así de claro lo manifiesta Arturo Melián, profesor titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación designado por el Ejecutivo regional. Melián cree que hay dos claves para que Canarias mejore su financiación: que las comunidades más ricas pierdan en favor de las más pobres, entre las que está Canarias, y que los criterios que se ponderan con la población, entre ellos la insularidad, mejoren los niveles de ingresos de las Islas.
El 75% de la financiación procede del fondo de convergencia, que es homogéneo para todas las regiones y se nutre en su mayor parte de los ingresos tributarios. El 25% restante se reparte en función de la población pero con una serie de criterios que se ponderan como el envejecimiento, la población menor de 16 años, la dispersión territorial o la insularidad. Para Melián, sólo una cesión de más porcentaje de financiación en el fondo de convergencia y un mayor peso de la insularidad beneficiarían a Canarias, si bien sería en detrimento de aquellas comunidades que, como Madrid o Cataluña, tienen una mayor capacidad de recaudación y más riqueza.
Otra cuestión estratégica es eliminar los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación, por el que las Islas pierden más de 400 millones anuales de los fondos que reparte del Estado. El Gobierno canario ha logrado importantes avances en este asunto y se muestra convencido de que los fondos del régimen especial no se contarán dentro del futuro modelo.
Arturo Melián advierte que la "solidaridad" será fundamental en el próximo sistema, por lo que hay que valorar "hasta dónde está dispuesta España a que las comunidades sean distintas en el nivel de financiación". Tras la crisis económica y con la reducción del déficit público que exige Europa "no se puede apelar a inyectar más recursos para que todo el mundo quede bien, ahora sí que toca afrontar un modelo basado en criterios más racionales en el que se ponga sobre la mesa qué nivel de servicios públicos se quiere dar a la ciudadanía", añade.
El presidente Fernando Clavijo apeló ayer precisamente a la necesidad "de ser solidarios y conscientes de que somos una comunidad autónoma distinta", por lo que hoy abogará en la Conferencia de Presidentes por explicar la especial situación de las Islas derivada de su lejanía e insularidad, lo que supone un sobrecoste para la sostenibilidad de los servicios públicos.
