Los grupos parlamentarios Nacionalista, Popular y Mixto (ASG) han alcanzado este jueves un acuerdo por el que la evaluación ambiental estratégica del planeamiento estructurante en la futura Ley del Suelo va a estar realizada por un órgano autonómico, si bien los municipios de más de 100.000 habitantes además de los cabildos, podrán contar con un órgano ambiental propio o hacer un convenio con la Comunidad autónoma.
Según comenta el portavoz nacionalista José Miguel Ruano, esa enmienda de su grupo es producto del acuerdo que se alcanzó con el PSOE en noviembre de 2016, "y es de destacar que el Partido Popular haya contribuido a que se pueda sostener esta enmienda y al propósito de que haya una gran acuerdo".
Además, ha destacado que ha habido mayor consenso por parte de todos los grupos excepto Podemos, respecto a la necesidad de que los procedimientos del órgano autonómico sean más transparentes, más reglados y conformes a criterios científicos y técnicos actuales y, en ese sentido, "esa adición que hace nuestra enmienda prospera también".
Ruano se ha mostrado satisfecho tras la reunión de la ponencia ya que "el trabajo de los grupos está acercando las posturas iniciales sobre los aspectos en los que existían mayores divergencias". Ese trabajo, insistió Ruano, está acreditando que la ley va a ser un "buen proyecto" para la regulación del suelo en Canarias, "con un ambiente de debate en el que impera el respeto mutuo, y donde cada grupo expone su posición y se busca dar una salida consensuada a cada una de ellas".
Para Ruano, la ley parte de dos principios esenciales, por una parte, la simplificación de la actividad económica en todo el suelo urbano y urbanizable y por otra, la garantía de conservación en todos los suelos ambientales y de protección agraria. "Hay muchos avances y acuerdos", explicó.
