La rebaja de las actuales barreras electorales, introducidas en la reforma del Estatuto de Autonomía de 1996 dilapidando así las que se aprobaron en 1982 para el nacimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, fue ayer materia de consenso entre los tres expertos invitados por la Cámara regional para ilustrar a los diputados que forman parte de la comisión que estudia la reforma del sistema electoral del Archipiélago canario y que el próximo lunes concluirá con esta fase de asesoramiento. En la jornada de ayer acudieron al Parlamento el letrado y periodista Juan José Rodríguez -a propuesta del PP-, el exdiputado socialista Augusto Brito -por el PSOE-, y el abogado del Estado Martín Orozco -por el grupo nacionalista CC-PNC-.
Juan José Rodríguez hizo hincapié en que la triple paridad no es el problema del sistema electoral canario porque, explicó, "hunde sus raíces en la propia concepción del territorio". Argumentó que el concepto fue refrendado por algunos "padres" de la Constitución como Solé Tura, así como por los tribunales, y añadió que la "paridad" se utiliza en otras autonomías como Baleares, País Vasco y Aragón, entre otras. El experto sostuvo que el elemento distorsionador en el actual sistema electoral son las barreras electorales que, dijo, hay que rebajarlas, y no la triple paridad. En este sentido, Rodríguez sostuvo bajar la barrera regional del 6% al 3% e introducir "tres topes insulares": del 5% para las dos Islas mayores, del 15% para las medianas y del 25% para las menores.
El jurista también defendió un Parlamento con 64 diputados, de los que tres de ellos saldrían de los nuevos topes, mientras que el otro diputado correspondería a Fuerteventura, que tiene hoy más población que La Palma pero tiene un diputado menos que ésta última Isla.
Fórmulas mágicas
El exdiputado socialista Augusto Brito afirmó que no creía en "fórmulas mágicas" que resolvieran los problemas de una tacada. Brito aseguró que hay tres problemas a solucionar: la anomalía entre la representación electoral de La Palma y Fuerteventura, las barreras electorales, insulares y regionales de las que dijo que "son excesivas", y el déficit de proporcionalidad.
Brito defendió que Fuerteventura "gane" un diputado y que las barreras electorales se reduzcan de tal modo que la insular baje del 30% actual al 20% y el tope regional del 6% al 3%, es decir, la fórmula que existía en el Estatuto de 1982. El exdiputado socialista insistió en que las propuestas deben evitar "generar un problema mayor del que se quiere solucionar" como ocurrió en 1996 cuando en el intento de impedir una tendencia a la insularización a los legisladores "se les fue la mano" y se produjo un daño mayor que el problema que trataban de resolver. Sin embargo, insistió en que ahora tampoco hay que reducir demasiado los topes de las Islas porque "el Parlamento podría convertirse en una jaula de grillos de fuerzas insulares".
El experto defendió asimismo una lista regional integrada por 15 diputados de tal modo que, junto al representante que ganaría Fuerteventura, la Cámara regional quedaría compuesta por 76 diputados.
Para Brito, el aumento de diputados no conllevaría un coste excesivo para las arcas públicas, ya que según sus cálculos, "supondría algo menos de dos millones de euros al año, entre 50 céntimos y un euro por habitante, lo que con el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, valdría la pena", opinó.
El abogado Martín Orozco, exdirector de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, señaló que todo sistema electoral tiene una fundamentación politico-jurídica y el de Canarias "responde a una conformación compleja como el de Baleares y el País Vasco" y destacó que el "sistema electoral canario es consustancial al propio sistema autonómico".
En este sentido esgrimió que "una reforma electoral que modifique la triple paridad supone modificar el modelo político, el pacto social que los distintos actores acordaron en la redacción del Estatuto de Autonomía de 1982. Ese cambio llevaría a "una modificación de las circunscripciones", por lo que "las corporaciones insulares deberían ser escuchadas por el Parlamento, aunque no tengan derecho a veto", ante una reforma de la ley electoral.
El abogado se preguntó también si "35 años después ha cambiado tanto la mentalidad de los principales actores del pacto social de 1982 en Canarias para cambiar los parámetros acordados" y aseguró que "una lista regional podría distorsionar el sistema con diputados regionales e insulares", con "distintas categorías". "Crear una lista regional de la que pueda surgir una percepción de falta de representatividad de unas Islas frente a otras haría resurgir el pleito insular", subrayó.
El letrado insistió en que "el elemento de la discordia" en el régimen electoral canario es "la representación territorial, el número de escaños fijos por Isla, sin tener en cuenta su población", pero precisó que ese elemento tiene una legitimidad jurídica "incuestionable" tal como dictara el Tribunal Constitucional.
A pesar de ello, Orozco señaló que lo que se cuestiona no es tanto un problema de representatividad del territorio en el Parlamento, sino que se critica si los partidos están bien representados en la Cámara. "Cuando hay desarraigo entre votos y escaños, uno debe preguntarse si es el sistema el que debe adaptarse a la estructura política o son los partidos los que deben adaptarse al sistema para un mayor rédito electoral", se preguntó.
