La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó ayer una enmienda del PP que liberará a los ayuntamientos canarios que tienen deuda de la obligación de tener que destinar todo el superávit generado el año pasado a pagar facturas, una situación que encorsetaba a las administraciones locales isleñas y a las del conjunto del Estado en relación con la gestión de su presupuesto. La enmienda, apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios, permitirá a las corporaciones que cerraron 2016 con más ingresos que gastos que destinen la diferencia, durante este año y todo 2018, a inversión productiva -no contrataciones- siempre que respeten la regla de gasto y que esa inversión sea financieramente sostenibles.

La medida, que recogía una insistente reclamación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), responde a la necesidad de que las corporaciones con las cuentas saneadas superaran la limitación para poder convertir los remanentes de tesorería generados. En Canarias, el 76 % de los ayuntamientos, es decir, 67 de los 88, ya no están endeudados o tienen un pasivo a largo plazo bajo o de fácil amortización. Durante los últimos años se han destinado los ingresos fundamentalmente al pago de facturas pendientes, con la consiguiente caída de la inversión y las ayudas sociales. El cálculo del superávit registrado en los ayuntamientos canarios es de 300 millones (7.000 en el conjunto del país), cantidad importante que podrá reactivar las economías municipales durante el próximo año y medio.

La tardía entrada en vigor de los Presupuestos, prevista para finales de junio, ha frenado licitaciones y contratos que no podrán ser ejecutados este año debido a los plazos de tramitación. Además, las cor-poraciones tienen que iniciar las modificaciones presupuestarias oportunas para poder aplicar el superávit, que lleva un lazo de al menos dos meses. Normalmente, los ayuntamientos que cierran un ejercicio son superávit pueden destinar estos fondos a proyectos asumibles desde el punto de vista financiero, y deben ejecutarse en el ejercicio siguiente. Pero dado que los Presupuestos de 2017 van a aprobarse a mediados de año, los ayuntamientos que cerraron 2016 con superávit no tienen margen para ejecutar las inversiones, razón por la que se da un año más de plazo para llevarlas a cabo.