La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha decidido prorrogar por un máximo de dos años más la prisión provisional a Vladimir, Julia e Igor Kokorev, la familia hispano-rusa acusada de ser los presuntos testaferros del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Los tres llevan en la cárcel de Juan Grande desde septiembre de 2015 y, tras la vista celebrada la pasada semana, la jueza ha fallado mantener la prisión comunicada eludible con una fianza de dos millones de euros a cada uno.

Este fallo ha caído como un jarro de agua fría entre los abogados que defienden a los Kokorev ya que en la vista celebrada la pasada semana, al cumplirse dos años de la prisión provisional, la defensa argumentó la desproporción de la medida cautelar y de la fianza sin que aún se haya celebrado el juicio por un presunto blanqueo de capitales. Antonio José García, abogado de Julia Kokorev, asegura que esta decisión de la magistrada "supone una vulneración flagrante de los derechos fundamentales de los investigados porque el instructor, cuyas funciones son las de investigar y no juzgar, acuerda tenerlos en prisión preventiva cuatro años cuando la pena máxima que podría imponérseles, caso de ser condenados, es la de seis años".

Las defensas creen desmesuradas tanto la cárcel como la fianza de dos millones de euros porque, en ambos casos, no hay precedentes de la imposición de una cantidad tan abultada para casos de este tipo o estar tanto tiempo en prisión antes de celebrar el juicio, que no se prevé la menos hasta diciembre o ya los primeros meses del próximo año.

Los abogados de los Kokorev recurrirán el fallo de la magistrada a la Audiencia Provincial. Uno de los principales argumentos utilizados por la magistrada para impedir que salgan en libertad los Kokorev es el riesgo de fuga y por eso la Fiscalía Anticorrupción solicitó mantener la prisión por este mismo motivo. De hecho, en el fallo se ordena que, en el caso de que abonaran la fianza para salir en libertad, se le retiren los pasaportes de los que dispusieran, tienen prohibido la salida del territorio nacional y deben comparecer semanalmente en el Juzgado o cuantas veces fueran requeridos.

Los Kokorev fueron detenidos en Panamá en 2015 y extraditados a España, después de una larga e intermitente investigación que se inició en 2008 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos contra altos cargos del gobierno guineano por blanqueo de capitales. Se intentaba esclarecer la procedencia de más de 26 millones de dólares en las cuentas del matrimonio procedentes de las arcas públicas guineanas. Todas las operaciones de los Kokorev están documentadas y con facturas, según alegan los abogados de la familia.