¿Fue un acierto o un error la división provincial?
Creo que fue un acierto porque era inadmisible el mantenimiento de la unidad provincial. Cuando se proclamó la II República, los diputados radicales de Tenerife plantearon que en la Constitución se eliminara la división y que se estableciera la región canaria con la capitalidad en esta población. Decían que ahora que venía la democracia había que restablecer la unidad de Canarias. Cuentos chinos. La unidad de Canarias fue la subordinación de todas las islas a Tenerife, que era la isla metrópoli. Los constituyentes de Gran Canaria, desde el federal José Franchy hasta el socialista Juan Negrín, amenazaron incluso con retirarse de las Cortes como se suprimiera la división. Sabían que establecer otra vez un único centro de poder era volver a lo mismo y se negaron con rotundidad.
¿Qué acontecimientos precipitaron la división del Archipiélago en dos provincias?
En aquel momento no existía una agitación prodivisionista. No solo por la dictadura de Primo de Rivera, sino porque los sectores autonomistas de Gran Canaria confiaban en una ampliación de las competencias de los cabildos. La dictadura convocó una Asamblea Nacional Consultiva y los representantes de Canarias -procedentes de los cabildos, de los municipios y de la Unión Patriótica, el partido oficial del régimen, que en Canarias se había insularizado- iban a ser exclusivamente de las islas occidentales. Ante esa emergencia, entró en liza el amiguismo a través de Gustavo Julio Navarro Nieto y se consiguió que el Gobierno, sobre todo por medio del ministro de Gobernación, Severiano Martínez Anido, aprobara la división de la provincia por real decreto el 21 de septiembre de 1927.
¿Por qué, a su juicio, no se debe usar la expresión pleito insular para referirse a este conflicto?
Es el mal llamado pleito insular porque parece que es una lucha entre iguales, pero no fue así. Hay que hablar de problema canario, como señalaron los coetáneos. El sistema de poder favoreció a una isla en detrimento de las demás.
¿En el trasfondo de ese problema canario se encuentra un conflicto aupado por las clases dominantes o también encontró el apoyo del pueblo llano?
Lo de que es un pleito entre oligarcas para dividir al pueblo canario frente a Madrid y debilitar nuestra posición es un tópico. Esto caló en la sociedad porque los efectos de ese centralismo santacrucero perjudicaban a las capas populares. No solo de Gran Canaria, sino también de las demás islas. Los dineros de la Diputación Provincial procedían de las cuotas que pagaban los ayuntamientos cuando podían o querían, ya que a veces hubo resistencia. La Diputación tuvo competencias en la beneficiencia -hospitales, casas de misericordias o asilos- y la enseñanza públicas. La aportación tinerfeña no era superlativa en relación con la grancanaria, pero se invertía fundamentalmente en Santa Cruz de Tenerife. A la isla picuda se destinaron casi dos tercios del presupuesto de la Diputación. El propio doctor Gregorio Chil y Naranjo, en sus Estudios inéditos, apunta a que en los años 80 y 90 del siglo XIX la gente de Tenerife y Gran Canaria se odiaba. La manifestación de las mujeres burguesas en Santa Cruz de Tenerife en mayo de 1911 en contra de la división fue solo una cara amable. Se produjeron diversos motines, asaltos a redacciones de periódicos y manifestaciones no siempre pacíficas.
¿Afectó, entonces, a los servicios e infraestructuras públicas de Gran Canaria?
La burguesía tenía los médicos particulares, pero quien iba al Hospital de San Martín era la clase popular. El Hospital Provincial de Santa Cruz de Tenerife tuvo una dotación a la altura de los mejores hospitales de Europa. Mientras tanto, en el San Martín los enfermos estaban pendientes de que muriera uno para ocupar su cama, sin apenas alimentación y teniendo que hacer cuestaciones de organizaciones caritativas para mantenerlo porque la Diputación Provincial no daba las subvenciones necesarias .
¿Cómo y por qué ganó Santa Cruz de Tenerife la lucha por la capitalidad?
Santa Cruz de Tenerife tenía dos ventajas: contaba con el único puerto habilitado para el comercio con las colonias americanas y albergaba la Capitanía, cuya sede estuvo antes en Las Palmas y en La Laguna. Estas dos palancas permiten que se empiece a desarrollar, aunque con menos habitantes y riqueza que Las Palmas. Cuando llega el sistema provincial con la Constitución gaditana de 1812, no se determinó la capitalidad. Pero existió una capitalidad de hecho que se establece en plena Guerra de la Independencia, cuando se afincan en Santa Cruz de Tenerife los dos signos fundamentales de la misma: la Diputación Provincial y la Jefatura Política. En mayo de 1814, el golpe de Estado de Fernando VII acabó con el sistema constitucional y entonces esa capitalidad de facto se extinguió durante el sexenio absolutista. La primera capitalidad de iure se estableció en enero de 1822 y fue también efímera. En noviembre de 1833, con el primer gobierno de la regente María Cristina, ya se estableció la capital legal en Santa Cruz de Tenerife.
¿Qué papel jugó Fernando de León y Castillo en la división provincial?
La rechazó durante bastante tiempo. Él sostuvo que lo conveniente era favorecer el engrandecimiento de Gran Canaria por medio del puerto de La Luz para que Las Palmas superara a Santa Cruz de Tenerife como polo económico y que la capitalidad cayera por su peso. León y Castillo apostó en primer lugar por llegar a acuerdos para repartirse el pastel entre los liberales en la islas orientales y los conservadores en las occidentales, que eran los que allí partían el bacalao. Esa alianza empezó a naufragar en el momento en el que creció la oposición en Gran Canaria. La división finalmente llegó por decreto y León y Castillo se enfrentaba incluso a eso porque se podría derogar fácilmente. Una ley, en cambio, exigía un trámite parlamentario.
El Gobierno de Canalejas se comprometió a dar una respuesta al conflicto planteado en 1910 sobre la organización administrativa liberal instaurada en la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué se optó finalmente por la creación de los cabildos?
Porque en el debate unidad-división de la provincia hubo en Tenerife una asamblea llamada regional en 1908, aunque realmente fue una asamblea occidental, donde se planteó el tema de los cabildos. Al final, en 1912 se optó por la Ley llamada de Cabildos como solución intermedia, pero el gran escollo que tensionó la cuestión y que hizo que esta norma no apaciguara el problema canario fue que se mantuvo la Diputación Provincial hasta 1925, año en el que se suprimió mediante el Estatuto Provincial de la dictadura de Primo de Rivera. No en vano, hubo permanentes pleitos competenciales entre una Diputación que quería mantener sus prerrogativas y los cabildos que reclamaban las suyas. En el fondo, nuestro problema es el fracaso de Canarias como provincia. Fue la provincia imposible. El centralismo santacrucero impidió que en el Archipiélago hubiera un sentimiento de pertenencia a una realidad común. Fueron otros 13 años de larga lucha denodada en los que el problema canario se reavivó. Tenían que haber suprimido la Diputación desde 1912.
El pleitismo aún sigue siendo un argumento político, económico y social. ¿Es real? ¿Ha condicionado la división provincial a la historia reciente y presente de las Islas?
Tiene su base real y lamentablemente sí la ha condicionado. Esta batalla continúa, sobre todo, por el mantenimiento de las tendencias hegemonistas en Tenerife. Cuando se descompuso la UCD y apareció la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) bajo la consigna 'La hora de Tenerife'. Y 'La hora de Tenerife' significaba recuperar la primacía. Ellos han realizado una operación de retorno a la unidad de Canarias en beneficio de Tenerife y en especial de Santa Cruz. ATI crece con el tinerfeñismo irredento, con las ansias de supremacía que aún permanecían vigentes y que pasaron de generación en generación en las clases dominantes de Santa Cruz de Tenerife. También impregna a las clases populares. Ese afán hegemonista lo han llevado a la práctica con una desigualdad absoluta en el reparto de los organismos donde están ubicados los centros de poder.
