Los desencuentros entre los sindicatos que representan a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y el Gobierno regional alcanzan su máxima confrontación cuando el Ejecutivo está a punto de aprobar el proyecto de ley de presupuestos autonómicos de 2018 para ser enviado al Parlamento. Las centrales sindicales recalcan que las diferencias no son el incremento salarial para el próximo año o las oposiciones para consolidar a los interinos, sino por los recortes de derechos y ajustes que se aprobaron en plena crisis en 2009 y que, a día de hoy, aún se mantienen y no hay visos de que se restituyan.
Hace ocho años el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas encaminadas a reducir el capítulo de personal de las cuentas autonómicas. Se amplió la jornada laboral de los empleados, se recortaron ayudas sociales, se penalizaron las incapacidades temporales, se restringieron los planes de pensiones y las prejubilaciones y se recortaron permisos, licencias, vacaciones y otra serie de incentivos laborales como la promoción interna -paralizada desde hace años- o la estabilidad en el empleo. Ahora los sindicatos creen llegado el momento de recuperar todo o buena parte de lo perdido en estos años, ante la mejora de la economía y el incremento de los ingresos en las arcas autonómicas.
Negociación específica
Por primera vez, y sin que sirva de precedente, los siete sindicatos que se sientan en la mesa general de negociación de empleados públicos se han plantado ante la Administración y exigen que se abra una negociación específica sobre los problemas de los empleados públicos canarios, al margen de las cuestiones que vienen del Estado y que la Comunidad Autónoma tiene que cumplir como es la subida salarial o el proceso de estabilización del personal interino. Manuel González, secretario de Acción Sindical del Sepca, critica al director general de Función Pública, Francisco Rodríguez del Castillo, por incumplir el reglamento de la mesa de negociación y de presumir de logros que no son propios de la Comunidad Autónoma porque están condicionados a los presupuestos del Estado.
"Estamos reclamando todos lo que nos quitaron en 2009", advierte González, y restablecer los acuerdos suspendidos por la crisis económica y que inciden en las condiciones laborales de los funcionarios y el personal laboral. "No habrá incremento salarial hasta que no lo apruebe el Estado, ni plan de pensiones si no lo prevé Madrid, lo único que han hecho con la tasas de reposición es un corta y pega del acuerdo firmado en Madrid entre el Ministerio y los sindicatos, aquí lo que queremos es negociar los asuntos que atañen al Gobierno canario y que nos afectan directamente, lo demás es agua de borrajas, papel mojado", afirma el dirigente sindical.
En la misma línea se pronuncia el dirigente del CSIF Fructuoso Manuel Collado, que resalta la unidad sindical lograda en este asunto ante la dejadez del Gobierno canario, que no ha querido abrir un proceso de negociación en este asunto. "Se trata de una demanda conjunta para recuperar los derechos y recortes sociales perdidos en la crisis", asegura.
Los siete sindicatos -UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, Sepca, Co.bas y FSES- demandan un acuerdo de mejora de las condiciones de los empleados públicos de la Administración autonómica - cerca de 60.000- para tres años, entre 2017 y 2019. El pasado 17 de octubre todas las centrales registraron un escrito solicitando la convocatoria de la mesa general de negociación para negociar un acuerdo con ocho puntos sobre la mesa y con la intención de que se involucren no solo la Consejería de Presidencia, sino también las de Educación, Sanidad y Hacienda.
Sin embargo, el director general de Función Pública afirma que la mesa de negociación no se ha convocado porque los sindicatos no han aportado la documentación necesaria para saber exactamente sobre qué se quiere negociar, porque sólo con la enumeración de los puntos de forma general es insuficiente.
Rodríguez del Castillo añade que algunas de las cuestiones que se plantean en el escrito ya se han tratado a iniciativa del Gobierno como la jornada laboral, medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar o la estabilización de puestos de trabajo. Para el director general de Función Pública los sindicatos han tomado la actitud de no querer negociar el capítulo de personal de los presupuestos de 2018, pero tiende la mano para cuando haya una propuesta concreta se convoque la mesa de negociación de los empleados públicos.
