A cinco días vista de que se constituya en el Congreso la Comisión de Evaluación del Modelo Autonómico, únicamente los dos partidos canarios de ámbito territorial, CC y NC, se vislumbran como los únicos de teórica adscripción nacionalista que participarán en ella y que, por tanto serán el contrapunto a la visión que ofrezcan los partidos de ámbito estatal, PP, PSOE y Ciudadanos en relación con las complejas relaciones entre el poder central y las comunidades autónomas desde hace más de 30 años. La actual crisis catalana, que está precisamente en el origen de la creación de este grupo de trabajo a propuesta del PSOE, ha provocado el boicot al mismo de otros grupos nacionalistas, como es el caso de los dos catalanes, ERC y el PDeCAT, y la negativa momentánea a participar en ella del PNV y de Bildu. Tampoco Podemos y sus confluencias territoriales, en algunos casos también de tendencia nacionalista, van a integrarse de momento en una comisión que nacerá el próximo miércoles estigmatiza por parte de todas estas formaciones como consecuencia de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y la intervención de esa comunidad autónoma por parte del Estado.
La comisión pretende hacer un balance sobre el funcionamiento del modelo autonómico, pero también que sus conclusiones sirvan de base para una propuesta de reforma de la Constitución que pueda, a su vez, significar una salida al conflicto catalán y a un mejor encaje del resto de los territorios en el Estado. No cumplirá, sin embargo , ninguno de estos objetivos si en ella sólo van a estar representados los diputados de PP (14 representantes), PSOE (9) y Cs (3), además de los partidos integrados en Grupo Mixto -UPN, Foro Asturias, Compromís y los nacionalistas canarios-. Aunque el representante oficial de este grupo será únicamente su portavoz, en este caso el diputado de UPN, Íñigo Alli, los de los demás partidos, entre ellos Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC), participarán en esa comisión como adscritos, pudiendo asistir a las sesiones, intervenir y presentar propuestas.
De esta forma, Oramas y Quevedo aparecen de entrada como principales baluartes de la visión nacionalista (aunque plenamente constitucionalistas) sobre el funcionamiento del Estado autonómico, si bien ambos confían en que los demás partidos de este ámbito político se sumen al debate tras las elecciones del 21-D en Cataluña.
"Puedo entender que, como consecuencia de la semanas políticas que estamos viviendo, haya partidos que prefieran no entrar ahora en la comisión, pero a medio plazo, es fundamental que en el debate sobre un tema tan vital están el PNV y los nacionalistas catalanes", afirma la diputada y portavoz de CC. Para Oramas, que se ha mostrado siempre muy cercana a los nacionalistas vascos y al pactismo de la antigua CiU, la comisión es una oportunidad para empezar a sentar las bases de un nuevo modelo territorial.
CC mantiene de esta forma esa posición de puente entre el nacionalismo moderado y los partidos estatales constitucionalistas, en coherencia con la posición que mantuvo respecto a la aprobación del artículo 155 en el Senado hace dos semanas, donde apoyó su aplicación en Cataluña, pero con grandes críticas a la actuación del Gobierno del PP durante los últimos años en relación con esa comunidad. "Vamos a intentar tener una Constitución que recoja la posibilidad del máximo gobierno de las comunidades autónomas y que en caso de Canarias se reconozcan asuntos esenciales como la ultraperifericidad y el anclaje del REF, que es nuestro fuero", recalca Oramas.
Solución frustrada
Para Pedro Quevedo, la sola propuesta para crear esta comisión debería haber servido para frenar la dinámicas de las últimas semanas en Cataluña si además el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, se hubiera decidido a convocar él mismo unas elecciones autonómicas. La negativa del ahora exiliado líder independentista frustró esa posible solución. Para el diputado de NC, el hecho de que el propio presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, apostara por la entrada del PP en la comisión territorial y abrir el debate de la reforma constitucional, tal como pactó con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, era una puerta abierta a la resolución del conflicto catalán, y que debería haber evitado la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre y la aplicación del artículo 155.
Llegado este momento, Quevedo cree que la comisión del Congreso "debe afrontar seriamente los problemas de encaje territorial que no se han resuelto en democracia" porque "el Título VIII de la Carta Magna ha quedado superado", y sentar las bases para una reforma que transforme el actual modelo autonómico en uno de corte federal, pero advirtiendo que el debate "no puede ser para engañarse a uno mismo ni engañarse unos a otros".
En este marco, el diputado de NC resalta que "Canarias tiene mucho que decir" si se concreta esa reforma constitucional, especialmente para reforzar sus singularidades, reconociendo la "ultraperifericidad" como elemento que debe marcar las políticas del Estado hacia Canarias, en lo términos que ya asume el Tratado de la UE, y para blindar el REF y hacerlo de obligado cumplimiento por encima de contextos políticos y económicos.
