Once empresas públicas de las Islas superan el gasto de personal sin autorización. Es más, siete no dijeron ni mu al Gobierno regional a la hora de incrementar sus plantillas. La Audiencia de Cuentas pone en cuestión la política de recursos humanos en las entidades que dependen de la Comunidad Autónoma de Canarias. El órgano encargado de la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público ha detectado presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores.
En su informe de fiscalización de las cuentas de la Comunidad Autónoma de 2016, la Audiencia realiza un escrutinio del sector público empresarial, que al inicio de ese año estaba conformado por 20 sociedades mercantiles, dos entidades empresariales, diez organismos autónomos, siete fundaciones y otras cinco entidades públicas.
No obstante, en diciembre del pasado año se liquidó Gestur Cajacanarias Inversiones y Desarrollo, por lo que el ámbito público quedó reducido a 19 sociedades mercantiles a finales del ejercicio. Sin embargo, a los auditores no les consta que se haya formalizado el necesario decreto para su extinción y censuran que tampoco se hayan rendido las cuentas anuales de Gestur LPA, en liquidación, correspondientes a 2016, por lo que no se pudieron tener en cuenta para el examen.
Al igual que en ejercicios anteriores, las empresas que alcanzaron beneficios fueron Cartográfica de Canarias (Grafcan), Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), Viviendas Sociales e Infraestructura de Canarias (Visocan) y Puertos Canarios, a las que se incorporó Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) en 2016 que, aun así, fueron insuficientes para contrarrestar las pérdidas en el resto de las empresas.
Destacaron los resultados positivos de Visocan, con 5,7 millones de euros, sobre todo por alquiler de viviendas, y Puertos, con 3,8 millones y en este caso por la mejora de su cifra de negocios.
Tendencia negativa
De ahí el saldo negativo global del sector público empresarial de 49,3 millones de euros -originado principalmente por las pérdidas de Gestur TFE (12,8 millones) y Televisión Pública de Canarias (29,6 millones)- y la caída del volumen de negocio a 98,8 millones de euros, por lo que persiste la tendencia decreciente iniciada en el año 2011.
Asimismo, el informe apunta que se desembolsaron aportaciones de socios (en la mayoría el Gobierno canario es el socio prioritario) por 55,8 millones de euros para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de las empresas públicas, importe superior al de ejercicios anteriores debido a la transferencia percibida por Gesplan para atender las indemnizaciones por el incendio acaecido en 2007 en Gran Canaria.
La investigación de los auditores revela que durante 2016 se efectuaron un total de 762 altas de efectivos en las sociedades y entidades empresariales frente a 773 bajas (581 en Gesplan, compensándose las bajas con las altas), lo que disminuyó la plantilla al cierre del ejercicio en once empleados y que, en términos netos, se ocasionó en Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).
En este punto, resulta llamativo que no consta que se haya efectuado la comunicación a la Dirección General de Presupuesto y Planificación para las contrataciones de personal realizadas por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Esscan), Puertos, Hecansa, Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), Promotur Turismo Canarias (Promotur) y Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR).
El informe advierte de que once empresas presentaron gastos de personal superiores a los previstos, bien en sus presupuestos (Gesplan, Gestur TF, Visocan, ITC, Sodecan y GSC), bien en sus planes de viabilidad (Grafcan, Grecasa, CCR, Hecansa y Proexca), sin solicitar la preceptiva autorización para modificar sus cuentas. En los casos de Gesplan, Grafcan, Hecansa, ITC y Sodecan presentaron la petición justo en diciembre de 2016, sin plazo material para su aprobación. Mientras que Grecasa planteó una adaptación de su plan de viabilidad antes de concluir el año.
Al igual que ocurrió en 2015, Saturno, CCB Maspalomas, CCB Tenerife y Gestur Cajacanarias no dispusieron de personal, y Gestur LPA contó con dos trabajadores para gestiones administrativo-contables y uno de vigilancia.
En cuanto a las contrataciones, la Audiencia afea que no hay constancia del procedimiento para la selección de tres trabajadores temporales en Puertos, así como critica que el alta de un cargo de responsabilidad tanto en Gestur TFE como en Grecasa se efectuó sin contar con el correspondiente permiso ni con los requisitos de publicidad y concurrencia. Lo mismo sucedió para una contratación en la empresa Radio Pública de Canarias y dos en TVPC.
Gesplan contrató personal "sin que exista acreditación de que no puede realizar la actividad por el personal fijo de su plantilla", agrega el informe auditor.
A ello se añade que para las contrataciones de personal temporal por Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), ITC, Hecansa y Grecasa, entre ellas por encomiendas, no consta el informe favorable de la Dirección General de Presupuesto para la modificación de presupuestos al exceder el importe de gastos previstos.
Pese a las anomalías en las estructuras de personal de las sociedades del sector público empresarial, la auditoría refleja que los gastos en nóminas se situaron en 60,7 millones de euros en 2016, una reducción de 1,5 millones respecto al ejercicio anterior, en paralelo con el descenso de la cifra de negocio, que ha bajado en 8,72 millones de euros hasta totalizar 98,94 millones.
En cuanto al período medio de pago, se incumplió por seis de las empresas (CCB Tenerife, GMR, Gesplan, GSC, Hecansa y Saturno), la mayoría de las que integran el sector público sí acataron el plazo legal establecido de 30 días.
Según la Audiencia, la mayoría de las entidades del sector público empresarial no cuenta con objetivos cuantificables ni indicadores que permitan medir su consecución, algo que se repitió en los ejercicios anteriores. En general, la actividad que se lleva a cabo se vincula al coste y, en algunos casos, incluso ni se estima su cuantía, precisa el texto entregado al Parlamento regional para su análisis.
De hecho, los objetivos e indicadores de gestión en la mayoría de las sociedades coinciden con el seguimiento de partidas contables o la realización de actividades, "sin estar conectadas al logro de niveles de eficacia o eficiencia".
