La reforma electoral pactada entre PSOE, PP, NC y Podemos va camino del bloqueo ante la oposición de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y las reticencias de Coalición Canaria (CC), fuerzas contrarias al aumento de diputados en el Parlamento por considerar que altera el equilibrio territorial del actual sistema. La posición final de los tres diputados gomeros es clave ya que la reforma requiere de una mayoría reforzada de 40 votos y la suma de los cuatro partidos proponentes es de 39.
Tras la reunión de ayer de la ponencia parlamentaria que estudia el cambio del sistema electoral, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, cree que el colegio de restos que se propone para incrementar el número de diputados "rompe" el equilibrio territorial sobre el que se erigió la Comunidad Autónoma y el Estatuto. Curbelo critica que se trata de un "mero reparto de cuotas de poder entre los grandes partidos para elevar el número de diputados a 70 entre las dos grandes islas y alterar el equilibrio en la representación electoral".
Coalición Canaria no se mostró tras la ponencia tan contundente como el político gomero pero sí evidenció sus reparos, aunque ahora tendrán que ser los órganos del partido y el grupo parlamentario los que debatan la propuesta y determinen la postura final de la formación nacionalista o la contrapropuesta que pueda presentar en la próxima ponencia, a celebrar el 9 de febrero. El diputado herreño David Cabrera tachó el colegio de restos de "lista electoral camuflada" porque el objetivo es el mismo, es decir, dar más peso a las islas capitalinas. Cabrera reiteró la defensa del equilibrio territorial que propugna su formación, por lo que CC estudiará los pros y contras de la propuesta de los cuatro grupos de la oposición.
Sin embargo, el debate interno en las filas nacionalistas está servido. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, tildó ayer de "traición" a las islas no capitalinas la reforma planteada que, en su opinión, es una "maniobra orquestada por los poderes fácticos de Gran Canaria y Tenerife". Por eso, el dirigente lanzaroteño de CC espera que los diputados de su formación por la isla de los volcanes no respalden esta modificación del sistema electoral, que rechaza con rotundidad. Asimismo, anunció que los cabildos de las dos islas orientales y algunos de las occidentales se pronunciarán en breve sobre este asunto.
El escenario confuso en el que queda la reforma electoral provoca que el resto de los grupos se vuelquen ahora en convencer a CC de aceptar esta propuesta como fórmula intermedia, que no es de ningún grupo en concreto sino de todos. El que puso más énfasis en este sentido es el diputado del PP Miguel Jorge, para el cual "la pelota está en el tejado de CC y deben hacer un esfuerzo como lo hemos hecho nosotros". El parlamentario popular no cree que haya alternativa al aumento de diputados si realmente se quiere mejorar la proporcionalidad y no tocar el actual reparto entre las islas no capitalinas.
Jorge Blanco advierte a los nacionalistas que si no hay votos suficientes en el Parlamento canario para sacar adelante la reforma electoral hay "otras mayorías" que se pueden dar en el Congreso de los Diputados para modificar el sistema a través del Estatuto de Autonomía.
Los cuatro grupos proponentes se han apresurado a reafirmar que el incremento en diez escaños de la Cámara no supondrá incrementar el presupuesto de la misma. De hecho, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, condiciona su respaldo a esta opción a que no suponga un "esfuerzo adicional" para la ciudadanía en el gasto público, sino que sea absorbido por el presupuesto actual recortando dietas, comisiones y otros gastos del Parlamento.
Un diputado raso cobra anualmente 50.284,5 euros brutos al año entre el sueldo mensual y las dos pagas extras de junio y diciembre, además de las dietas de las que dispone tenga o no dedicación exc lusiva. En total sólo en retribuciones básicas diez diputados más supondrían 502.845 euros al año.
Tanto el PSOE como NC insistieron ayer en tender la mano a CC y ASG para que la reforma electoral salga por unanimidad de todo el Parlamento con generosidad y altura de miras, para que el cambio entre en vigor en las elecciones de 2019. Tanto Dolores Corujo como Luis Campos resaltaron la oportunidad que se abre tras el acuerdo alcanzado por los cuatro grupos.
