El diálogo político es la única salida para resolver el conflicto soberanista en Cataluña, no recurrir a la vía judicial. Así al menos opinaron ayer varios magistrados que participaron en el encuentro de los 17 presidentes de las salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de toda España y su homólogo en la Audiencia Nacional, que se reunieron por primera vez en Gran Canaria.
El foro, que se desarrolla hasta mañana, cuenta con la participación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), miembros del Gobierno autonómico y magistrados del Supremo para debatir sobre el orden jurisdiccional que dirime los pleitos de los ciudadanos con las administraciones y de las administraciones entre sí.
El conflicto catalán y la vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución estuvo presente en el ambiente durante la jornada, inaugurada por el presidente del TSJ de Canarias, Antonio Doreste, y el viceconsejero regional de Justicia, Emilio Moreno.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cataluña, Emilio Berlanga, advirtió de que "la repercusión en Cataluña de la continuidad del artículo 155 es impredecible". "Me refiero a las secuelas que puede tener porque el tema tiene una trascendencia importante", afirmó, al tiempo que indicó que, desde el punto de vista jurisdiccional, "puede plantear también problemas tanto la prórroga del 155 como su supresión". "Es una situación de una confusión notoria la que estamos viviendo en Cataluña", resaltó Berlanga, a quien le parece "rara" la propuesta del president de la Generalitat, Quim Torra, de incluir en su Ejecutivo a dos exconsellers en prisión preventiva -Jordi Turull y Josep Rull- y otros dos huidos de la Justicia -Toni Comín y Lluís Puig.
Con todo, Berlanga enmarca lo acontecido en "un tinglado de lucha política que al final aterriza en los jueces". "Somos los menos indicados para resolver un problema de contenido político. Los jueces no somos la solución, los jueces somos los cirujanos y esto es medicina general", enfatizó.
Igualmente, el vocal del CGPJ José Macías Castaño ve "muy difícil formar un gobierno de verdad" en Cataluña tras la propuesta de Torra, que contempla "dos consellers en prisión y dos más fugados". Macías, que es catalán, estima que el 155 "tendrá que estar en vigencia hasta que se haga una propuesta más viable" por parte de la Generalitat.
"Lo que es evidente es que la solución de Cataluña no es judicial, judicial será dar respuesta a las violaciones de la ley que se vayan produciendo y se seguirá dando respuesta siempre", apostilló Macías, que considera que "la solución será política cuando quienes tienen la responsabilidad de llegar a soluciones políticas sean capaces de encontrar un terreno de encuentro". Asimismo, avaló la legitimidad del Gobierno para mantener el 155.
En una línea similar se posicionó el vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde, que avisó de que si la constitución del nuevo Gobierno catalán no se hace "de forma correcta y legal" no se darían las condiciones para "cesar la eficacia" del 155. En su ponencia inaugural, Fernández repasó los 20 años de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TJC de Canarias en su sede de Las Palmas, César García Otero -que dirige el encuentro-, defendió el Estado constitucional en España, que "cumple con creces los parámetros de los estados constitucionales más modernos y avanzados".
