Bartolomé García Lorenzo es una de las víctimas cuyo crimen figura entre los delitos impunes que fueron perpetrados en Canarias durante la Transición. Un vecino de Santa Cruz de Tenerife, que en septiembre de 1976 y en medio de "unas fuertes luchas sociales" fue asesinado por las fuerzas de seguridad. "A Bartolomé lo mató a tiros la policía secreta porque lo confundieron con El Rubio", el alias de Ángel Cabrera Batista, delincuente grancanario al que se condenó por el secuestro y asesinato del industrial Eufemiano Fuentes. El de Bartolomé es uno de tantos casos sin culpable que ayer presentó Domingo Garí, profesor de Historia de la Universidad de La Laguna, en la ponencia que presentó en el XX Coloquio Canario Americana.

"En el juicio de este hombre no se condenó a nadie, la secreta irrumpió en el barrio, y no tiene sentido que lo confundieran con El Rubio porque se recogen 30 casquillos de bala, quedaron impunes, se les premiaba por sus actos, se les asciende y el jefe del operativo termina siendo a mitad de los 80 guardaespaldas del ministro de Sanidad Ernest Lluch", explica Domingo Garí.

Con esta comunicación, que "es un resumen de un trabajo que aborda de manera más amplia la represión en el momento final del franquismo e inicio de la transición", el autor pretende arrojar luz en lo que considera un "un discurso falseado sobre la transición pacífica en España, donde los muertos entre 1975 y 1983 por causas políticas son 600, de los que 200 lo fueron a manos de la Policía, Guardia Civil y fuerzas institucionales represivas", además de otros protagonizados "por la extrema derecha y luego por la extrema izquierda o nacionalismos de izquierda".

En España hay que incluir las víctimas colaterales por conflictos sociales o laborales. Es el caso de Bartolomé García, la joven Belén María, atropellada en el Puerto de La Luz, o el obrero tinerfeño Antonio Corona, que iba de pesca con otros cuando los sorprendió la Guardia Civil, echaron a correr y "lo mataron a tiros". Este hombre llevaba dinamita consigo sin intención de realizar acción violenta alguna, sino como instrumento para pescar, pero esa no fue ni la razón del alto ni del crimen.

Esto ocurría en octubre de 1975, con el paraguas de la Ley Antiterrorista de entonces que "convirtió a la Guardia Civil y la policía armada en pistoleros sin control". Dice Domingo Garí que "todo esto corresponde a lo que Michael Foucault llamó la tanatopolítica, que es la capacidad del Estado para administrar la vida y la muerte".

Está también el tinerfeño Antonio González Ramos, que "fue asesinado y torturado por el inspector Matute y cuyo caso como miembro del Partido de Unificación Comunista en Canarias, correspondía más a la lógica de la represión franquista"; y en diciembre del 76, el estudiante grancanario Javier Fernández Quesada, "ametrallado por la Guardia Civil en la puerta de la Universidad de la Laguna".