El recorte aprobado este jueves por el Gobierno congelará el año próximo cuatro de cada cinco pensiones en Canarias (el 80% de ellas). La decisión de congelar las prestaciones contributivas supondrá una merma del poder adquisitivo de más de 252.500 beneficiarios, que verán cómo su paga mensual media se estancará en 729 euros mientras el coste de la vida aumenta. Mejor suerte tendrán los mayores con pensiones no contributivas (42.338) a los que el Ejecutivo se ha comprometido a salvar de esta medida en un intento de suavizar el rechazo generalizado que ha tenido en toda la sociedad.

Por su parte, la rebaja de los sueldos de los funcionarios acordada por el Consejo de Ministros, con rebaja progresiva entre el 0,56% para los salarios más altos y el 7% para los más bajos, supondrá una reducción de 295 euros al mes para los altos cargos (grupo A) y de 11 euros para los subalternos (grupo E). En los puestos intermedios de la administración, los técnicos medios (grupo B) perderán 156 euros mensuales, los administrativos lo harán en 98,5 euros y los auxiliares en 58.

En Canarias se verán afectados por el recorte de las retribuciones que ha auspiciado el plan de ajuste unos 126.000 empleados públicos. El Archipiélago canario ocupa el octavo puesto entre las comunidades autónomas más perjudicadas por el recorte salarial aprobado por el Gobierno estatal, según un estudio del colectivo de los técnicos de Hacienda (Gestha).

La rebaja de las retribuciones de los empleados públicos sólo se aplicará de forma progresiva al salario base y a la antigüedad, mientras que se reducen de forma lineal los complementos fijos, que son los que se diferencian los sueldos de los funcionarios. De hecho, Gestha señala que este escala progesiva 'vendida' por el Ejecutivo de Zapatero tiene un alcance "mucho más limitado" y la realidad es que los que menos cobran verán reducidos su sueldo en un 3,25%, mientras que los salarios intermedios serán recortados en un 4,68%.

MALESTAR SOCIAL. Esta suavización de las medidas antidéficit aprobadas finalmente en el Consejo de Ministros con respecto a su anuncio días antes por el presidente del Gobierno español, no ha conseguido mejorar la opinión pública, sobre todo, entre los jubilados, que mantienen una dura crítica contra Rodríguez Zapatero y su equipo.

Es un robo", "un castigo" o "un disparate de los grandes" fueron algunas de las expresiones dadas ayer por pensionistas con respecto a la congelación de sus pagas, que afectará sin remedio a un 80% de este colectivo. "Todos los pensionistas estamos envenenados", resumió ayer José García el sentir de los jubilados canarios.

Por su parte, los funcionarios coinciden que el recorte progresivo de sus salarios es una medida "más justa" que una rebaja de un 5% igual para todas las categorías del personal público. En cualquier caso, siguen responsabilizando al Ejecutivo central de una mala gestión de las crisis económica y sus consecuencias. "Sólo tengo que decir que aquellos que van a gestionar este recorte no deberían ser los mismos que han esperado a llegar a esta situación", señaló Antonio Rodríguez, funcionario autonómico.

Los trabajadores públicos, aun entendiendo que hay que apretarse el cinturón, apuntan de forma generalizada un sentimiento de chivos expiatorios. "Siempre echan mano de los mismos, que somos los empleados públicos", indicó Francisco Santos, a quien el ajuste le recortará 80 euros mensuales. A este respecto, los funcionarios empiezan a reclamar una corresponsabilidad del sector privado con la crisis y que se le aplique mayores impuestos a sus rentas.