El fin de la ayuda de 426 euros, que puso en marcha el Gobierno de Zapatero el pasado año, dejará a unos 7.000 parados canarios sin ninguna otra fuente de ingresos para vivir. El servicio estatal de empleo (Inem) asegura que de los 20.000 desempleados que perciben esta prestación en el Archipiélago, unos 16.000 la perderán en febrero de 2011. El resto, otras 4.000 personas, verán vencidas las ayudas en los meses siguientes (se trata de apoyos extraordinarios por seis meses).
De los 16.000 desempleados que se quedarán sin ayuda en febrero, 9.000 podrán acogerse a la renta activa de inserción ya que tienen más de 45 años. El director provincial del antiguo Inem, Pedro Duarte, destacó ayer que estas personas podrán disponer de 426 euros durante once meses. El resto de parados (7.000 personas), con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años, no tienen cobertura alguna.
El Inem asegura que de los 256.693 parados de Canarias, el 80% percibe algún tipo de subsidio del Estado, lo que supone un desembolso de 1.596 millones de euros al año sólo en las Islas. La prórroga del subsidio del paro ha costado en Canarias 120 millones de euros al Gobierno de Zapatero.
Desde los ayuntamientos y los sindicatos se advierte que la supresión de la prestación extraordinaria contribuirá a complicar más la situación social en Canarias. José Miguel González, jefe del Gabinete Técnico de CC OO en Canarias, apunta que ya hay unas 72.000 personas integradas en 15.000 familias que no disponen de ningún tipo de renta en las Islas, con lo que eliminar la prórroga de 426 euros supone dejar "en la miseria a más familias". González recordó que hace dos años, en el Pacto por la economía y el empleo, que suscribieron los agentes económicos y sociales con el Gobierno autónomo, el presidente Paulino Rivero se comprometió a que Servicios Sociales habilitaría una partida para atender a esas 15.000 familias que no disponen de ningún salario ni prestación.
El representante del sindicato denunció que no se puede quitar un subsidio si no lleva aparejado un plan de empleabilidad ya que esas personas lo van a tener "muy complicado" para colocarse en estos momentos en el mercado de trabajo, entre otras cosas porque las oportunidades son incluso escasas para los más cualificados profesionalmente.
En los departamentos de servicios sociales de varios ayuntamientos de Gran Canaria apuntaron ayer que no hace falta esperar a febrero para que la demanda de las familias les desborde. De hecho, insistieron en que precisamente en Las Palmas se concentran los mayores niveles de desempleo del Estado, con una tasa de parados del 31% frente al 26% de Tenerife.
"Esto se va a salir de madre", sentenció la concejal de Servicios Sociales de Agüimes, Rita Estévez. La edil reveló que "la calle no tiene conciencia de lo mal que lo están pasando muchas familias porque de forma discreta se acercan a los ayuntamientos para disponer de ayuda para alimentos". Desde la patronal CCE, el portavoz de los tomateros, Roberto Góiriz, aseguró por su parte que "hay que cambiar la filosofía" de las prestaciones en España.
