Europa ha marcado desde mayo de 2010, primero con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno y ahora con Mariano Rajoy, la evolución a la baja de las pensiones. La decisión de no actualizar las retribuciones conforme a la desviación del IPC (Indice de Precios al Consumo) para sujetar el déficit estatal ha supuesto para los canarios en los dos últimos años una pérdida adquisitiva que ronda este año los 36,7 euros al mes de media. La congelación socialistas les restó a los canarios ingresos medios de 306 euros anuales; este año dejarán de ingresar 208 euros. En total: 514 euros menos en el bolsillo a causa de la crisis.

Pero a ello hay que sumar el copago farmacéutico en vigor desde el mes de julio pasado y la subida, en la renta de este año y del que viene, de las retenciones por el IRPF de dos puntos con carácter general. El resultado: los gobiernos extienden a los pensionistas la devaluación de los salarios que se aplican en el sector público y el privado tras las diferentes reformas laborales desde 2008, para aquellos que conservan su empleo -más de tres millones se han destruido en España desde entonces-. Unos y otros, pues, pierden capacidad de compra y se socava la demanda interna, uno de los motores del crecimiento económico junto con la exportación.

Con todo las cuentas indican que desde 2008 los más vulnerables, los jubilados, han perdido más poder adquisitivo (2,34 puntos) que los trabajadores por cuenta ajena (1,38 puntos).

La primera consecuencia es el anuncio por parte del PSOE de que la última de las decisiones sobre las pensiones acabará en el Tribunal Constitucional. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que su formación va tomar el guante tendido el fin de semana por las principales centrales sindicales -UGT y CCOO- y recurrirá la decisión del Gobierno de Rajoy de no compensar el alza de los precios a los pensionistas desde enero, como establece la ley.

Desde el punto de Rubalcaba hay "razones suficientes" para ir al Tribunal Constitucional, apuntó ayer a Efe. El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y los sindicatos esgrimen ante el Gobierno el artículo 9.3 de la Constitución que prohíbe la aplicación retroactiva de las normas y han asegurado que, a través del artículo 48 de la ley general de la Seguridad Social, los pensionistas comenzaron a generar el derecho a la revalorización o compensación por el desvío del IPC a 1 de enero de 2012.

En un estimación de los daños que ha sufrido la renta de los pensionistas se deduce que:

Z Pérdidas mensuales

La congelación de 2011, obra de los gobiernos de Zapatero, y la muy reciente decisión de Rajoy de suspender la compensación del IPC de 2012 han privado a los pensionistas de subidas que, de forma agregada, habrían supuesto un 4,85%. Para quienes en 2011 ingresaban la pensión media que las estadísticas del Gobierno atribuían a Canarias (755 euros mensuales) la pérdida equivale a unos 306 euros al año. A finales de este año habrá que añadir 208 euros que tampoco se les compensa.

Z Algunas compensaciones

Zapatero, en mayo de 2010, y Rajoy, el pasado viernes, trataron de aligerar el impacto de sus decisiones sobre las pensiones con gestos para quienes reciben las prestaciones más modestas. Zapatero dejó fuera de la congelación de 2011 las pensiones mínimas y las no contributivas, que subieron un 1%. Rajoy ha suspendido la compensación por el IPC de 2012, pero habrá subida en 2013: el 1% para las pensiones superiores a 1.000 euros al mes o a 14.000 euros en cómputo anual y el 2% para las restantes.

Z Un ahorro de 2.000 millones

Tal subida del próximo año supondrá algo más de 1.500 millones de euros y alcanzará, según las estimaciones del Gobierno, a más del 70% de los pensionistas. La Seguridad Social se ahorra, en cambio, los casi 2.000 millones que en otras circunstancias debería abonar en enero para compensar a los jubilados por la diferencia entre el incremento que se aplicó en enero (1%) y la inflación de noviembre (2,9%). Un pensionista mileurista dejará de recibir por la supresión de esa paga compensatoria 266 euros y perderá asimismo una cantidad igual que debería consolidarse en su nómina en 2013.