"Las ventas del comercio electrónico a la Península se encarecen un 40%"

Las restricciones obedecen a la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que modifica el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. A raíz de estos cambios tanto las exportaciones como las importaciones son susceptibles de cobro por el Documento Único Administrativo (DUA) de Aduanas ya sea por parte de sociedades estatales, caso de Correos, como de agencias privadas aduaneras, que cobran lo que consideran oportuno. Este documento genera un IGIC en Canarias, que es del 7%, y un IVA en la Península, que alcanza el 21%. Las agencias de aduanas privadas no se basan en ninguna ley para cobrar los costes del DUA, llegándose a solicitar hasta 45 euros cuando alguien intenta autogestionar el documento aduanero. Entendemos que se trata de una presión desmedida para cobrar los DUA y el IGIC resultante. Esta situación le está sucediendo por ejemplo a los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué deberían hacer el Gobierno central y la Comunidad Autónoma?

Lo que deberían hacer es una pequeña modificación de la ley, aunque el tema es delicado porque los documentos aduaneros generan impuestos que van a las arcas del Gobierno central o del Gobierno de Canarias, mientras que también se benefician de la tarifa las empresas o Correos. La solución más inteligente sería que la mercancía viajara libremente dentro del territorio nacional, siempre bajo un control fiscal para evitar fraudes. El problema es que no hay diferenciación entre empresas o entidades sin ánimo de lucro, a todas se les cobra por igual.

¿El comercio electrónico sería un sector más pujante si no hubiesen este tipo de trabas y problemas?

El comercio electrónico va en aumento exponencialmente y es una solución a corto y medio plazo porque cada día son más las personas que tienen una idea y quieren emprender. Si estas restricciones se acabasen el número de envíos desde Canarias a la Península aumentarían al menos un 50% más. Hay empresas y autónomos que están a la espera de que esta problemática se aclare y se solucione.

Hace años que se denuncia que Canarias es tratada como un tercer país a efectos aduaneros ¿esta situación complica las cosas?

Efectivamente. Pasamos del régimen de puertos francos a ser considerados como un tercer país a efectos fiscales y una de las problemáticas que tiene Canarias es que somos como una tierra de nadie a estos efectos y encima tenemos una ley que nos está perjudicando, tanto para importar como para exportar. En los dos últimos años esta situación se ha acentuado. El problema principal es que una venta cuando pisa suelo peninsular y se le aplica el IVA, con el tema del DUA el producto se encarece un 40% como mínimo. A medida que las cantidades aumentan el margen para el comerciante canario va disminuyendo. Otro hándicap es la tardanza de la mercancía, que se añade al problema de los sobrecostes.

¿Hay productos más perjudicados que otros?

Al final están todos perjudicados. Hay productos que se encarecen de tal manera como consecuencia de la aplicación del DUA y de los impuestos que se cobran que dejan de ser competitivos cuando llegan a la Península y a a muchos clientes ya no les interesa su compra.