El Gobierno de Canarias ya tiene el documento final sobre el REF -económico- que debatirá el Parlamento autónomo en su último pleno de la legislatura. En líneas generales, el texto demanda que el Estado asuma de manera efectiva el sobrecoste que deben pagar los ciudadanos del Archipiélago por su lejanía del continente. Esa exigencia incluye la posibilidad de que se incremente el actual descuento del 50% sobre los billetes de barco y avión, en función de la evolución del mercado, y que, en el caso de los últimos, puedan establecerse "precios máximos de referencia cuando existan razones de interés general" que así lo aconsejen.
Desde hace meses, el Ejecutivo canario viene alertando del incremento del coste de los desplazamientos a la Península por la caída de la oferta desde que desapareció del mercado Spanair. El encarecimiento se hace más notable en fechas señaladas, tales como las navideñas o las veraniegas, cuando la demanda se dispara y las butacas más baratas se agotan con suma rapidez. Del mismo modo ocurre cuando el viaje tiene carácter de urgencia y no puede programarse con tiempo suficiente para poder acceder a una de las plazas menos costosas.
Obligación de Servicio Público
Ante estas demandas, el Gobierno central siempre ha expresado la imposibilidad de manipular los precios, por tratarse de una intromisión en el mercado. La única vía para establecer esos topes en las tarifas es la declaración de la obligación de servicio público (OSP) en los trayectos entre las Islas y el resto del Estado, algo a lo que Madrid siempre se ha opuesto.
La nueva vía escogida por el Ejecutivo regional es la de intentar consagrar ese principio que permita desplazarse a los canarios a un coste razonable en comparación a como lo pueden hacer los ciudadanos del resto del Estado en sus trayectos interprovinciales o interautonómicos.
No es el único aspecto en que el texto presentado ayer por el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, aborda mejoras en el precio del transporte. También el traslado de mercancías aparece reflejado, con la intención de que se eleve "al 100% la compensación del coste efectivo".
Hasta la fecha se logró fijar un calendario para alcanzar de manera progresiva el 70% de los fletes, si bien el adelgazamiento de las arcas públicas por la crisis provocó que para el tomate se recibiera poco más del 20% por parte del Ministerio de Fomento en el último ejercicio liquidado, lo que puso en serios apuros a un sector que vive casi exclusivamente de la exportación de sus productos. El propio González Ortiz recordó ayer que todos los gobiernos de España han incumplido varios de los preceptos recogidos en el REF y expresó la necesidad de que Madrid cobre conciencia de la necesidad de respetar todos los parámetros "para que Canarias no esté en condiciones de inferioridad con el resto del territorio español", según explicó en un comunicado de prensa. Por ello, uno de los objetivos incluidos en la actualización es "blindar" la ley en el bloque constitucional del mismo modo que lo están los intocables fueros vasco y navarro.
Además, el documento que la Cámara regional elevará a Madrid incluye la necesidad de que el Estado "asuma en su totalidad el sobrecoste que tiene el transporte público terrestre en el Archipiélago", provocado por la inexistencia de largas distancias que otorguen capacidad de amortizar las de medio y pequeño radio.
La propuesta recoge también actuaciones para garantizar que la presión fiscal sea menor en el Archipiélago que en el territorio español continental en energía, agua, telecomunicaciones y gestión de residuos. Al respecto, el consejero explicó que el REF afecta a todos los ciudadanos de las Islas desde el mismo momento en que se levantan, precisamente por los descuentos que se hacen necesarios en todas estas cuestiones de primera necesidad con el fin de evitar que los canarios paguen mucho más que el resto de los españoles.
Los agentes sociales y el Gobierno de las Islas reconocen en el texto que esos sobrecostes son mayores en las islas no capitalinas por el efecto de la doble insularidad. Por ello, decieron incluir compensaciones específicas para estas y medidas tendentes a "incentivar el desarrollo económico cohesionado de Canarias".
Otro de los extremos ampliamente discutidos con Madrid es la necesidad de establecer "tarifas diferentes y reducidas" en los puertos y aeropuertos del Archipiélago, infraestructuras que en el documento se incluyen como "de interés general". El espíritu de esta demanda reside en la necesidad de mantener la competitividad del turismo, sector esencial de la economía canaria.
