Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, incluirá en la redacción de la Ley del Suelo a los sectores de la construcción y del turismo. Durante la reunión mantenida ayer con representantes de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (Aecplp) y de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Clavijo se comprometió a entregar en los próximos días una copia del borrador de la norma para que aporten su punto de vista antes su entrada al Parlamento a mediados de año.
La ley busca la simplificación administrativa y la supresión de trabas burocráticas. Y una vez en la Cámara regional el Gobierno determinará cuál será el futuro de la actual ley turística, tocada de muerte después de que el Tribunal Constitucional tumbara la limitación de la construcción de nuevos hoteles solo para los de cinco estrellas o superior. Clavijo aseguró ayer que la intención del Ejecutivo es dejar de ser "obstáculo", y recordó que aún está pendiente la definición, mediante reglamento, de los criterios medioambientales y de calidad que deben guiar el crecimiento de la nueva planta hotelera. Si bien también quiere una apuesta por un turismo de excelencia, calidad y "con un gasto algo y que al final irradie riqueza".
"El espacio que hay para construir nuevos hoteles tiene que ir orientado a productos de calidad", subrayó el mandatario.
En el caso de Gran Canaria, los hoteleros estiman que en un plazo de cuatro años se podrían crear en torno a 6.000 camas hoteleras. Fernando Fraile, presidente de la Feht, aclaró que "en ningún caso" la Isla contaría con un nuevo hotel antes de dos o tres años. En cambio, en base a la demanda existente, el suelo disponible y los proyectos diseñados, podría aproximarse en un plazo de cinco años a las 160.000 plazas que existían en los años 90.
"Las cifras actuales son de 130.000", subrayó Fraile, "por lo que el margen que tiene la Isla para crecer sin superar los registros de esa época es impresionante".
María Salud Gil, presidenta de la Aecplp, insistió en este sentido en que el papel de los cabildos a partir de la aprobación de la nueva Ley del Suelo será determinante ya que, a su juicio, éstos funcionarán "prácticamente" como la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) dada la mayor asunción de competencias en esta materia. Asimismo, Gil indicó que los parámetros fundamentales de la nueva ley, que busca simplificar los trámites de planeamiento urbanístico, suena "más que bien" a su sector, por lo que descartó cualquier tipo de fricción con el Ejecutivo en este aspecto.
Clavijo confirmó tras la reunión que el articulado de esta norma saldrá a exposición pública en febrero, llegará al Parlamento en junio o julio y se "finiquitará" a final de año.
El presidente regional insistió también en crear sinergias entre la construcción y el turismo para recuperar el mercado laboral, de modo que sean empresas canarias las que lideren la mejora de la competitividad del sector turístico. El camino para alcanzar esta meta lo marca, según Clavijo, la voluntad, pero también los incentivos fiscales y la inyección de inversión pública en planes para la mejora de los equipamientos públicos. Destacó, a su vez, que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda estudia la opción de primar, dentro de los márgenes que permite la ley, la licitación de las obras públicas a las empresas isleñas, aunque solicita a los hoteleros el compromiso de que las reformas, ajustadas al precio del mercado, "den una oportunidad a los empresarios de las Islas".
Gil entiende, por su parte, que esta "recualificación" de la oferta turística tiene que abordarse desde una perspectiva global. Así, ha propuesto a Clavijo una "experiencia piloto" en San Bartolomé de Tirajana y Mogán que emplee el eje de Ciudades Competitivas y Sostenibles del convenio de vivienda estatal. Éste aportaría hasta el 40% de subvención a fondo perdido de los costes de la regeneración urbana en las zonas declaradas obsoletas y contaría con la guía de una asociación administrativa semejante a la antigua Entidad Urbanística de Gestión.
La petición incluye, además, la declaración de este proyecto de interés general "para aprender a resolver los problemas que tiene el sector turístico y repetir luego esta figura".
