Canarias figura entre las comunidades autónomas predilectas de los paraísos fiscales. En los últimos ocho años, es decir, desde el estallido de la crisis socioeconómica, las Islas han recibido más de 85 millones de euros procedentes de territorios offshore tan diversos como Jersey, las Islas Vírgenes Británicas, Isla Mauricio, Gibraltar o las paradisíacas Seychelles. De hecho, solo cinco de las restantes 16 regiones del país han resultado más atractivas para los inversores de los paraísos fiscales: Baleares, Andalucía y tres de los motores de la economía nacional, Cataluña, País Vasco y Madrid.
Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio revelan que la inversión extranjera desde estos países con ventajas fiscales se incrementó durante los años de estrecheces. Canarias se hizo, exactamente, con 85,4 millones entre el 1 de enero de 2008 y el último 31 de diciembre. Para contextualizar esta cuantía basta con apuntar que en los ocho ejercicios precedentes, esto es, en el período 2000-2007, el Archipiélago sólo había recibido 61,3 millones de euros.
Las sociedades offshore que más han contribuido al privilegiado lugar de que disfrutan las Islas en esta particular clasificación son las que están radicadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Jersey. Al margen de estos tres territorios, también desde Gibraltar, Guernsey, Mauricio o Lietchtenstein llegaron cantidades millonarias.
Fueron prácticamente 20,8 millones los que tuvieron su origen en Jersey, uno de los paraísos fiscales relacionados con la reciente dimisión de José Manuel Soria. El exministro de Industria, Energía y Turismo, y expresidente del Partido Popular en Canarias, fue partícipe de una sociedad domiciliada en esta dependencia de la Corona Británica durante su etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
En los casos de las Islas Vírgenes y Panamá, los respectivos montantes ascienden a poco más de 21 millones de euros y a cerca de 23. Hay que puntualizar, en lo tocante al país latinoamericano, que no existe unanimidad en relación con su consideración, o no, como paraíso fiscal. No en vano, las autoridades españolas no lo incluyen en tal categoría desde julio de 2011, tras la firma de un acuerdo de doble imposición e intercambio de información. Sea como sea, la mayoría de las organizaciones internacionales sí sigue juzgando a Panamá como un territorio offshore.
Los demás países de la lista que dejaron sumas millonarias en el período en cuestión son la colonia de Gibraltar, 5,5 millones de euros; Guernsey, 4,7 millones; Seychelles y Dependencias, casi 3,4 millones; Mauricio, cerca de 3, y Lietchtenstein, 2,6. Las cantidades no llegaron al millón en los casos de Vanuatu, algo más de 500.000 euros; el Principado de Mónaco, 500.000 euros; Isla de Man, prácticamente 300.000, y el Líbano, 112.000 euros.
Sociedades interpuestas
Las estadísticas de la Secretaría de Estado, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, también descubren que estas sociedades offshore no son visibles, cuando menos no de entrada, en todos los casos. De esos 85,4 millones de euros que suma la inversión total desde países con ventajas fiscales, alrededor de 20,3 millones llegaron al Archipiélago, en última instancia, desde territorios con una fiscalidad armonizada, pero solo en última instancia. De modo que, en realidad, las autoridades pudieron comprobar cómo el verdadero origen de la inversión estaba en alguno de estos particulares paraísos. Ocurrió así que los fondos salieron del paraíso fiscal, pero antes de acabar en las Islas pasaron por una o más sociedades interpuestas o sociedades pantalla.
Las inversiones procedentes de territorios offshore durante la crisis redundaron en beneficio, principalmente, de seis sectores o subsectores de la economía regional. Unos 20,8 millones de euros se contabilizaron en actividades de alquiler; poco menos de 17 millones, en la construcción; alrededor de 11, en el sector de las agencias de viaje; prácticamente 10, en el de la hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas); y cerca de 9, en actividades inmobiliarias. Con todo, no fueron estos los únicos sectores que se nutrieron de sociedades radicadas en países con ventajas fiscales. También llegaron fondos a los sectores de servicios financieros (3 millones), administración de oficinas (3 millones) o publicidad y estudios de mercado (casi 2,6), entre otros.
En lo tocante a las restantes 16 autonomías, fue la Comunidad de Madrid, con mucha diferencia, la que recibió la mayor inyección: la friolera de 1.458 millones de euros.
