En la batalla de los ciudadanos contra la banca por las cláusulas suelo, gana el sector financiero. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Paolo Mengozzi, optó por no mojarse en su dictamen y dejar en manos de España la decisión de obligar a que la devolución de las cantidades cobradas de más a los hipotecados tenga carácter retroactivo. Esta conclusión satisface al sector bancario, que se ahorra alrededor de 5.000 millones de euros, y decepciona a las organizaciones de defensa de los consumidores.
Distintos cálculos estiman que entre el 30% y el 40% de las hipotecas suscritas en España incluía el suelo entre sus condiciones, lo que afecta a más de dos millones de personas que han pagado de media 3.000 euros más al año, según apuntó Efe.
El análisis de Mengozzi no vincula al tribunal, si bien este no tiene por costumbre rebatir las tesis de los dictámenes que emite el letrado general. En buena lógica la sentencia, que se espera para los próximos meses, irá en la misma línea. "La presente situación queda regida por el ordenamiento jurídico interno de los estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal", explica el dictamen.
El alto funcionario de Justicia de la UE se ampara en la ausencia de herramientas en el derecho comunitario para decidir sobre "las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de una cláusula" ni sobre la acotación temporal para el efecto de sus sentencias que decida "un órgano jurisdiccional supremo", el Tribuna Supremo (TS) español en este caso.
"Aberración jurídica"
En opinión de la abogada María Luisa Martínez, que ejerce en la capital grancanaria y ha ganado ya dos casos en primera instancia para que sus clientes recuperen todo el dinero entregado de más al banco, el Código Civil marca la pertinencia de la retroactividad para todos los actos declarados ilegales. Por ello, consideró "una aberración jurídica" el dictamen y animó al próximo Gobierno de España a "ser valiente" e impulsar la legislación necesaria para que los ciudadanos recuperen "lo que es suyo".
Tanto Martínez como el gerente de la Unión de Consumidores de Las Palmas (Uconpa-CECU), José Manuel Quesada, estimaron que la decisión de Mengozzi es "política". "Desde luego esta situación no nos satisface", explicó el último de ellos, para quien en la decisión del abogado general del TJUE ha pesado el tener que enfrentarse a "un lobby todopoderoso como es el bancario".
Distintas fuentes apuntaron asimismo que el letrado ha optado por apartar a la UE de una decisión que puede poner en riesgo la estabilidad del sector financiero español, que ya requirió de un rescate de 100.000 millones de euros en junio de 2012 para sanear la parte del negocio peligrosamente agrietada tras la transformación de las cajas de ahorro en bancos.
La decepción de los consumidores contrastó con la felicidad del sector bancario. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se mostró optimista con respecto a la sentencia que está por llegar y que fijará de manera definitiva las obligaciones de devolución de las entidades financieras.
Entre los bancos, BBVA siempre confió en que la Justicia europea ciñera los reintegros a sus clientes por las cláusulas suelo a mayo de 2013, cuando el TS dictó su sentencia contra ellas. Mientras tanto, Banco Sabadell optó por distanciarse de la polémica, defendió la validez de sus cláusulas, al haber sido comunicadas a los clientes "con claridad", y anunció que no restituirá cantidad alguna.
Desde la patronal del sector, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, aseguró que la decisión de Mengozzi proporciona seguridad jurídica en el ámbito español y en el europeo.
Esas opiniones favorables al análisis del letrado europeo contrastan con la de Facua-Consumidores en Acción, que tachó de "indignantes y grotescas" las conclusiones. La organización de defensa de los consumidores estimó que la Justicia europea ha mostrado "una extraordinaria sensibilidad con los intereses de los banqueros y no con los de las familias, víctimas de un fraude que ha contribuido a provocar multitud de desahucios y suicidios".
Desde Adicae, Manuel Pardos consideró que el letrado "parece equivocarse". Se le pedía una interpretación de la legislación europea de protección al consumidor, por lo que le extrañó que el informe hable de sanciones. Mientras, Asgeco cargó directamente con Mengozzi por poner "precio a los derechos de los consumidores.
En la misma línea se expresó la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, quien tildó de "escándalo que una cuestión jurídica tan sencilla como la retroactividad se haya manipulado a favor de la banca" por cuestiones que se alejan de la legalidad y se instalan en la política.
A ese mismo factor se refirieron varios abogados, para los que entender el dictamen pasa por "enmarcarlo en el pánico postbrexit". Según dicha versión, la Unión Europea ha querido desterrar, a costa de los derechos de los ciudadanos, un potencial problema, el de la banca española, y evitar sumarlo así a los efectos que puede acarrear la desconexión del Reino Unido.
El sector bancario se disparó en Bolsa tras conocerse el dictamen, pero volvió a la normalidad al cierre. Subieron Sabadell (2,9%), Popular (1,5%) y CaixaBank (1,4%), y cayeron Bankia (-0,7%), BBVA (-0,7%) y Santander (-2%).
