De los 53.553 millones de recursos públicos aportados en forma de capital al sistema financiero español desde mayo de 2009 para el saneamiento del sector y reforzar su solvencia, el Estado sólo ha recuperado por el momento (siete años y medio después) 2.686 millones (el 5%), a lo que cabría sumar otros 1.304 millones obtenidos por la desinversión del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) en su participada Bankia. La suma de ambos conceptos representa el, 7,4% de la aportación estatal a las antiguas cajas de ahorros.
Los recursos públicos inyectados como capital para la reestructuración y asistencia al sector financiero que están pendientes de recuperar (49.563 millones, más del 90% del total) es una cifra equivalente al importe que usó España de las ayudas que la Troika (UE, BCE y FMI) le concedió como rescate financiero en 2012.
Los 53.553 millones de aportación estatal para la recapitalización de las antiguas cajas no son todas las inyecciones de capital y tampoco estas recapitalizaciones constituyen la única vía de ayuda a la banca sino una de ellas. Además de los 53.553 millones que el Estado adelantó para reforzar los recursos propios del sistema, el sector recibió con el mismo fin otros 7.942 millones en instrumentos computables como capital procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Ambos epígrafes suman los 61.495 millones que el sector recibió como capital desde 2009.
La UE también considera ayuda pública las inyecciones realizadas por el Fondo, dado que el Gobierno regula y legisla sobre él y porque es el Estado es el garante último de la cobertura de depósitos hasta 100.000 euros por cliente y entidad. Sin embargo, y en puridad, los 7.942 millones movilizados por el Fondo de Garantía no proceden de los presupuestos del Estado sino de las cuotas que las entidades financieras aportan a este mecanismo de protección en proporción al volumen de depósitos de sus clientes, que son, en última instancia, quienes sufragan esos recursos con cargo a la remuneración que reciben por su ahorro a la vista y a plazo.
Los 2.686 millones que el Estado ha recuperado proceden de las reprivatizaciones de entidades nacionalizadas y de la devolución de ayudas recibidas por varias entidades.
