La patronal canaria entiende que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no puede subirse "por real decreto". Así lo subrayó ayer el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, a raíz del inicio en martes en el Congreso de la tramitación de ley del grupo En Comú Podem (la coalición que incluye la división de Podemos en Cataluña) para aumentar progresivamente el SMI hasta los 950 euros en 2020. Tanto el representante del empresariado de la provincia de Las Palmas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife considera que propuestas legislativas como estas -solo el Partido Popular y sus satélites, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, rechazaron la iniciativa- no están "en la línea correcta".
La proposición legislativa de la coalición catalana apuesta por subir el SMI, fijado actualmente en 655,2 euros mensuales, hasta los 800 euros en enero de 2018. Ya en 2020, en el caso de que la propuesta de Podemos prospere en todos sus términos, el salario mínimo llegaría a 950 euros. La iniciativa pretende, además, que el Gobierno actualice año a año la cuantía del salario mínimo en función de la coyuntura económica y previa consulta a patronales y sindicatos. Unos y otros aseguran compartir objetivo, cuando menos en Canarias, pero que no así la fórmula. En otras palabras: ambos aspiran a incrementar la paga mínima pero, sin embargo, sus posturas están más enfrentadas de lo que en principio podría pensarse.
"No podemos actuar sobre un síntoma sin actuar sobre la enfermedad", enfatizó el presidente de la CCE, contrario a una subida del SMI "por real decreto". Agustín Manrique de Lara ilustró su posición con el ejemplo de Cabo Verde, donde el salario mínimo, explicó, es de unos 80 euros. "Nadie trabajaría en Cabo Verde por mil euros, porque nadie daría una productividad de mil euros; si esto pudiera resolverse por decreto, sería muy fácil arreglar el mundo", expuso el dirigente empresarial. En consecuencia, De Lara avisa que optar por ese aumento vía "decreto" redundaría en perjuicio de colectivos laborales vulnerables y de sueldos, en general, más bajos, como los jóvenes, las mujeres o los parados de larga duración. "Es decir, que como no consigo que el salario suba por la internacionalización de las empresas, el incremento de su tamaño o la potenciación de la I+D+i, lo subo por decreto; actuamos sobre el síntoma y no sobre la enfermedad", remarcó. En definitiva, juzga que la prioridad debería ser la productividad, ya que un alza de esta desembocaría en mayores sueldos, argumentó. De momento, por tanto, el representante de la CCE apuesta por aumentos del SMI "moderados", aunque por encima de la inflación.
En cambio, en los sindicatos no solo entienden que un incremento de la paga mínima sería una medida "de justicia", sino que también creen que hay margen para elevarlo hasta los 800 euros desde ya. Así lo consideran los secretarios generales de CCOO y UGT en las Islas, Carmelo Jorge y Gustavo Santana.
Jorge negó de plano que el problema de fondo sea la productividad, "pues producimos más o menos lo mismo con dos millones menos de trabajadores", y aseguró que el principal obstáculo para "afianzar" la recuperación está en el consumo y la demanda interna, a cuya mejora no precisamente contribuyen los sueldos bajos. Santana apuntó, por su parte, que Bruselas ya ha pedido subir el SMI y recordó a la patronal que la medida evitaría la competencia vía salarios. "Los empresarios deben cambiar el discurso", remarcó.
