La economía canaria ha entrado ya en fase de recuperación, pero la obra pública continúa en cifras muy lejanas de las de los últimos años de bonanza. Las instituciones no invirtieron el año pasado ni la mitad que en 2008 o 2009. Es más, apenas pudieron destinar el equivalente a cuatro de cada diez euros que gastaban antes de la crisis. En otras palabras: Canarias ha perdido un 60% de la inversión pública en infraestructuras durante el largo período de estrecheces.
La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, asegura que la obra pública está en Canarias "en encefalograma plano". Y las cifras que acaba de publicar la patronal de grandes constructoras Seopan le dan la razón. El conjunto de la Administración pública licitó obras en el Archipiélago a lo largo de 2016 por un montante de 469 millones de euros, que es la cuantía más alta de los últimos seis ejercicios pero prácticamente la misma cantidad que en 2015 y 2014, lo que confirma esa estabilidad a la baja que advierte la dirigente de la patronal.
"La inversión pública ahora mismo no es la idónea y, desde luego, ya no es el motor que fue en su día; es la obra privada la que está tirando del carro", explica Salud Gil. Pero ¿hasta qué punto ha caído el importe de la licitación pública? Para responder esta pregunta basta con recordar que la suma llegó en 2008, el último ejercicio que disfrutó de unos presupuestos públicos expansivos, a unos 1.210 millones de euros, de modo que la reducción en realidad supera el 60%.
Como en todos los ejercicios del último lustro (2012-2016), también el año pasado fueron los cabildos y los ayuntamientos los que movilizaron la mayor parte de la obra pública en la Comunidad Autónoma. El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, hace hincapié en que precisamente es la Administración local "la que ha propiciado esta última etapa de moderado crecimiento". En concreto, Izquierdo expone que las Islas tienen una "ventaja" sobre las restantes autonomías en la figura de los cabildos. No en vano, el representante de Fepeco subraya que, en general, las corporaciones insulares se han convertido en los últimos años en entidades netamente inversoras, una vez consiguieron solventar sus problemas de deuda. Con todo, el gasto de cabildos y ayuntamientos no basta para situar de nuevo la inversión en las cifras de 2007 o 2008.
Los gobiernos, tanto el estatal como el autonómico, siguen anclados en números muy inferiores a los de hace apenas unos años, sobre todo el Gobierno de Canarias, cuya política inversora se ha visto seriamente lastrada por los incumplimientos del Ejecutivo central en convenios como los de carreteras u obras hidráulicas.
En 2016, el Gobierno que preside Fernando Clavijo apenas licitó trabajos por un importe de 52 millones de euros, la segunda cantidad más pequeña desde 2008. En 2008, 2009 y 2010, el Gobierno que todavía lideraba Paulino Rivero se movió en cifras de entre 300 y 362 millones, con lo que la caída de la inversión supera, desde el máximo de 2010, el 85%.
En este contexto, las esperanzas de las dos patronales canarias para recuperar en algo la obra pública, aunque en ningún caso hasta los niveles precrisis, pasan en el corto plazo por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La presidenta de la AECP habla de "expectativas interesantes" si el gabinete de Mariano Rajoy consigue desbloquear la aprobación de las cuentas estatales, precisamente porque esto supondría el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Clavijo en el marco de la llamada agenda canaria.
El ligero incremento que experimentó la licitación de obra pública en las Islas durante el año pasado obedece también al impulso de la obra estatal. Los alrededor de 198,5 millones que suman las obras que la Administración central sacó a licitación en 2016 en Canarias quedan muy lejos de los prácticamente 595 millones de euros de 2008 y, sin embargo, son la cifra más alta desde 2009, lo que evidencia hasta qué punto se ha deteriorado la inversión pública en los últimos años.
